Cataluña
El Gobierno español mantendrá el 155 hasta que el nuevo Parlament nombre president
Agencias | Redacción
El mero hecho de la celebración de elecciones no modifica las medidas acordadas para Cataluña el pasado 27 de octubre por el Ejecutivo central.
Euskaraz irakurri: Presidente berria izendatu arte izango du indarrean Espainiako Gobernuak 155.a
El Gobierno español mantendrá la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y por tanto seguirá al frente de la administración catalana, hasta que el nuevo Parlament elegido hoy en las urnas designe un nuevo presidente de la Generalitat y éste conforme su Govern.
El mero hecho de la celebración de elecciones en la jornada de hoy no modifica las medidas acordadas para Cataluña el pasado 27 de octubre por el Ejecutivo, tras conseguir el preceptivo aval del Senado.
Sólo cuando uno de los candidatos logre los apoyos necesarios para convertirse en el nuevo president será cuando el 155 deje de tener efecto.
Así quedó estipulado en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros tras recurrir a ese artículo de la Constitución. "Las medidas contenidas en este acuerdo -reza ese texto- se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña".
Por tanto, las funciones del Govern seguirán siendo desempeñadas por Rajoy, su vicepresidenta, en quien delegó las correspondientes al president, y los ministros.
Rajoy, el responsable de convocar los nuevos comicios
Así, en el hipotético caso de que hubiera que repetir las elecciones porque nadie consigue una mayoría suficiente, Rajoy seguiría siendo el responsable de convocar los nuevos comicios.
La Administración de la Generalitat continuará bajo las directrices del Gobierno central, que, como viene siendo habitual desde la aplicación del 155, seguirá dedicando sesiones del Consejo de Ministros a aprobar decisiones que corresponderían al Govern.
Los Mossos d'Esquadra seguirán bajo la dirección del Ministerio del Interior y el Gobierno español continuará habilitado para ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que, en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.