Tribunal de Pau
Aplazada la decisión sobre la entrega a España de Ibai Peña
Redacción
Por otro lado, el Tribunal de Apelación de Burdeos ha aplazado hasta el próximo 4 de febrero su decisión sobre la entrega del abogado del Movimiento Pro Amnistía Joseba Agudo a España.
El Tribunal de Pau (suroeste de Francia) ha aplazado hoy hasta el próximo 2 de febrero su decisión sobre la entrega de Ibai Peña Balazantegi a España, que había dictado contra él una orden europea de arresto por actos de violencia callejera en Vitoria-Gasteiz.
El tribunal francés ha decidido posponer su dictamen a la espera de que la Audiencia Nacional le facilite una serie de precisiones sobre la euro-orden española contra Peña, que está detenido desde su captura el pasado día 8 en Baiona (Iparralde), han explicado fuentes judiciales.
Con ese complemento de información se solicita a la jurisdicción española, en particular, que precise las fechas de la infracción que se imputa a este joven de 22 años y que entregue un documento sobre el que se sustentó la orden de arresto, han comentado las fuentes.
El Tribunal de Pau espera que la Audiencia Nacional le especifique si su demanda para detener a Peña se refiere a un dictamen que ésta emitió en su contra el 25 de mayo del pasado año o a otra causa diferente.
Este joven, originario de Álava, huyó en julio de 2007 de una operación de la Policía Nacional en la que fueron capturados cuatro de los máximos responsables de actos de violencia callejera en Vitoria-Gasteiz.
Agudo
Por otro lado, el Tribunal de Apelación de Burdeos ha aplazado hasta el próximo 4 de febrero su decisión sobre la entrega del abogado del Movimiento Pro Amnistía Joseba Agudo a España, que lo reclama por su presunta vinculación con ETA.
Harriet Agirre
Además, la Fiscalía del Tribunal Correccional de París ha pedido hoy diez años de prisión para Harriet Agirre, considerado ''número dos'' del aparato militar de ETA cuando lo dirigía Garikoitz Aspiazu, Txeroki.
Agirre ha sido juzgado hoy junto a Idoia Mendizábal y Alberto Garmendia, para los que la representante del ministerio público, Fanny Bussac, ha pedido penas de ocho y seis años de cárcel, respectivamente, por una larga lista de delitos, incluido el de asociación de malhechores con fines terroristas.