Fiscalía: "No se puede probar que ETA esté detrás de Egunkaria"

La Fiscalía ha afirmado hoy que "no se puede probar" que ETA "esté detrás" del clausurado diario Euskaldunon Egunkaria, cuyo juicio ha quedado este lunes visto para sentencia.

Tras la declaración la pasada semana de los testigos, las partes han expuesto hoy sus conclusiones ante el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez.

Durante su intervención, el fiscal ha subrayado que las acusaciones "no se sostienen", por lo que ha pedido la libre absolución de los cinco imputados, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Joxe Mari Auzmendi y Xabier Oleaga, cuya trayectoria profesional ha reconocido.

Además, ha señalado que "hay que tener en cuenta" la declaración del ex responsable del aparato político de ETA José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, quien negó rotundamente la participación de la organización y aseguró que las críticas del diario le ayudaron a alejarse de la violencia.

El fiscal ha señalado que habría mantenido la petición de absolver a los cinco directivos de Egunkaria "con tregua o sin ella". No ha negado que ETA "tuviera un interés" en el periódico, pero ha insistido en que, durante los 13 años de Egunkaria, "no se ha encontrado una noticia, un artículo, ni una línea que demuestre que a ETA le servía para algo".

"No puede acreditarse que bajo la forma de un periódico legal estuviera ETA", ha insistido Carballo antes de incidir en que los cinco procesados ya tenían una trayectoria profesional de prestigio anterior al lanzamiento del diario y que su perfil no parece "el idóneo" con el entorno de ETA.

Los abogados de la defensa también han pedido la absolución. Ya que según ellos, en el juicio ha quedado probado que no hay ninguna relación entre Egunkaria y ETA, ni en la cuestión de la financiación, ni en ninguna otra. "La sociedad vasca sabe que los acusados son inocentes", ha dicho el abogado Jose Mari Elosua, y ha asegurado que los jueces sacarán la misma conclusión.

Previamente, la acusación popular, ejercida por las asociaciones Dignidad y Justicia y AVT, han reiterado sus peticiones de pena (entre 12 y 15 años) y han mantenido su teoría de que ETA auspició el nacimiento y desarrollo del diario.

Los cinco reiteran su inocencia

Los cinco ex directivos del diario Egunkaria han reiterado hoy que "nunca" fueron miembros de la organización y han asegurado que "hay vida más allá" de ETA porque no es el "principio universal" que rige toda iniciativa en Euskadi.

Así se han expresado en la última sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Joxe Mari Auzmendi y Xabier Oleaga. Otamendi, que fue el último director del diario, se ha declarado inocente de los delitos pero ha afirmado ser "culpable de haber dirigido un periódico en euskera".

Torrealdai ha criticado las tesis "pueriles" defendidas por las acusaciones de entender "la omnipresencia de ETA" en la cultura vasca porque presupone que ETA es el "principio universal de todo proyecto e iniciativa social" en Euskadi.

Por su parte, Uría ha mostrado su orgullo de haber participado en la creación del diario, pero ha lamentado que "sólo bastó que alguien dijera" que los objetivos de Egunkaria coincidían con los de ETA para que fuese cerrado. Oleaga ha justificado que el haber defendido la "emancipación social y política" del País Vasco no le convierte ni en miembro ni en colaborador de ETA.

Auzmendi ha subrayado que ni el diario ni sus compañeros han estado nunca al servicio de ETA, al tiempo que ha reprochado a las asociaciones Dignidad y Justicia y la AVT afirmar "cosas durísimas" que reflejan una "humanidad muy pobre".

En la primera sesión del juicio, celebrado el 15 de diciembre, los imputados negaron también cualquier tipo de relación con ETA, declaración que ratificaron en posteriores sesiones testigos como el propio Txelis; o uno de los impulsores del diario, el catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Iñaki Zabaleta.

El diario fue clausurado por la Guardia Civil el 20 de febrero de 2003, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.