Recurre al constitucional
La UPV pide amparo al TC en defensa de su autonomía universitaria
Redacción
El Tribunal Supremo declaró nulo el protocolo en virtud del cual estaban matriculados medio centenar de presos encarcelados en prisiones del Estado francés.
La Universidad del País Vasco (UPV) ha pedido el amparo del Tribunal Constitucional (TC) en defensa de la autonomía universitaria tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el protocolo para matricular a presos.
La UPV presentó el 14 de diciembre del año pasado un recurso de amparo ante el TC después de que el Tribunal Supremo (TS) declarara nulo de pleno derecho el protocolo en virtud del cual estaban matriculados medio centenar de presos encarcelados en prisiones de Francia.
El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, ha dado a conocer hoy la presentación de este recurso, que ya había anunciado meses atrás, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente del Parlamento vasco para hablar de este proceso judicial relacionado con los estudios universitarios de presos.
El Supremo determinó que la UPV al matricular a presos en cárceles francesas incumplía la Ley General Penitenciaria, que establece que los reclusos tienen que matricularse en la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) o en universidades que firmen convenios con Instituciones Penitenciarias (IIPP).
La UPV considera que el Supremo, al impedir la matrícula de presos en cárceles del Estado francés, fuera de la competencia de la administración penitenciaria española, se inmiscuye en la autonomía universitaria.
Goirizelaia ha reiterado que el argumento del Supremo de que es necesario un convenio con IIPP para que presos en Francia puedan estudiar en la UPV porque "si se excluye de la aplicación del precepto a los internos en centros penitenciarios extranjeros se está excluyendo a éstos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza" es una intromisión en la autonomía universitaria.
El rector de la UPV ha asegurado que la Universidad pública vasca cumple las leyes y que, en la actualidad, no hay ningún preso matriculado, aunque ha defendido el derecho a recurrir al considerar "inaceptable someter la calidad de nuestra formación a instancias administrativas", como, a su juicio, ha determinado el Supremo.
Gorizelaia ha defendido también el derecho de los presos a estudiar, un derecho recogido en la Constitución española, según ha recordado, y ha pedido al legislador que si el "objetivo" de las leyes y sus reformas es impedir que presos de ETA se puedan matricular en la Universidad que lo recoja así en una norma, de forma explícita, para que los rectores no tengan que interpretar.
Ha recordado que además de él, sus antecesores en el Rectorado Manuel Montero y Juan Ignacio Pérez han enviado cartas a Instituciones Penitenciarias solicitando la firma de un convenio y que no ha sido posible.