El investigador del "chivatazo" a ETA reitera sus sospechas

El jefe de la investigación sobre el "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión ha ratificado el informe en el que incriminó al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y a otros dos mandos policiales del País Vasco.

No obstante, no hay datos nuevos en la investigación y el Ministerio Público se mantiene en su postura de pedir el archivo de la causa, según las fuentes fiscales.

"Lo que había es lo que sigue habiendo", han aseverado las fuentes consultadas, que han indicado que el jefe de la investigación ya había declarado con anterioridad en la Audiencia Nacional y ya había ratificado su informe en otras dos ocasiones.

El juez Baltasar Garzón adoptó esta decisión en una providencia notificada ayer y después de que la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal le ordenara practicar nuevas pruebas.

En concreto, el juez ha solicitado a la Policía que le facilite los datos de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán en Irún, Joseba Elosua, realizó las llamadas, así como que informen sobre si estaba intervenida, y si existe una relación de llamadas entre Elosua y Calau Aldanur -miembro del aparato de extorsión de ETA- y sus transcripciones.

Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2006, cuando una persona advirtió al dueño del bar Faisán de Irún (Gipuzkoa), Joseba Elosua, de que podía ser arrestado ese mismo día en una operación contra el aparato de extorsión de ETA, que debido al "chivatazo" se retrasó
hasta el 20 de junio, cuando se detuvo a Elosua y a una decena de personas acusadas de recaudar el llamado "impuesto revolucionario".

"Hechos de una gravedad sin precedentes"

Los tres policías a los que el magistrado ha tomado declaración son el responsable principal de la investigación y dos miembros de la Brigada Provincial de Donostia-San Sebastián a los que la sala identifica como ''Unai'' y ''Sugoi''.

El tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y el ex portavoz del CGPJ Enrique López (ponente), entienden que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, "hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España".

"Parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directa o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que iba a realizarse el 4 de mayo de 2006".