Análisis
Brasil: no es un golpe, pero casi
Jesús Torquemada
Más de la mitad de los senadores y diputados que han decidido el juicio político contra Rousseff son sospechosos de delitos mucho más graves que los que se imputan a la presidenta.
Lo de Brasil es un auténtico disparate. Más de la mitad de los senadores y diputados que han decidido el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff tienen cuentas con la justicia. Están acusados de corrupción, de robar dinero público y hasta de agresión. Muchos de los que han votado contra Rousseff son sospechosos de delitos mucho más graves que los que se imputan a la presidenta. A Rousseff no se la acusa de quedarse personalmente con dinero público, sino de haber usado dinero de la banca pública para tapar agujeros presupuestarios; es decir, maquillar las cuentas para que parezca que las cosas van mejor de lo que realmente van. O sea, lo que hacen casi todos los gobiernos del mundo, especialmente cuando se acercan unas elecciones. No parece un delito tan grave como para echar a Rousseff de la Presidencia.
Lo cierto es que el sistema brasileño tiene esta posibilidad de impeachment o juicio político, y la oposición tiene más escaños que el hasta ahora gobernante Partido de los Trabajadores. El resultado es que Rousseff queda apartada de la Presidencia durante seis meses, y en ese tiempo gobernará el hasta ahora vicepresidente Michel Temer, hasta hace unos meses aliado de la presidenta, y ahora, su principal enemigo. Todo esto sucede en medio de una durísima crisis económica, con recesión, aumento del paro y de la inflación, y crecimiento disparado de la deuda pública. ¿Qué va a hacer el próximo Gobierno? Pues lo típico: recortar el gasto público y que paguen la crisis los más pobres.