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Un año sin ETA

Las víctimas, entre la esperanza y el escepticismo

L.E.

El reconocimiento y la reparación del daño causado centran las reivindicaciones de los colectivos de víctimas de ETA, que, sin embargo, disienten en el modo de afrontar el fin de la violencia.

Las víctimas de la violencia de ETA han mostrado posturas diferentes ante el final de la violencia. Efe.

Desde que el pasado 20 de octubre de 2011 ETA anunciara el "cese definitivo de su actividad armada", los diferentes colectivos de víctimas del terrorismo se han movido entre el escepticismo ante los movimientos de ETA y la izquierda abertzale y la esperanza frente a la creación de un nuevo escenario de paz.

Horas después del anuncio de alto el fuego de ETA, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificaba el comunicado de "treta electoral". "Es un perverso engaño para regresar a las instituciones democráticas. Con este nuevo simulacro, ETA pretende una nueva estafa a la democracia", aseguraron en un escrito enviado a los medios.

La Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), liderada por Maite Pagazaurtundua, coincidía en el diagnóstico, y añadía que "ETA lo que tiene que hacer es desaparecer". Al mismo tiempo, entre estos colectivos de víctimas comenzaba a germinar la necesidad de establecer un relato histórico de lo sucedido, "un relato con vencedores y vencidos", puntualización que ha sido motivo de polémica entre estas víctimas y algunos partidos políticos.

Sin embargo, no todas las víctimas de ETA han mostrado la misma actitud crítica ante el alto el fuego anunciado por la banda, y así, afectados por la violencia terrorista como Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea; Josu Elespe, hijo de Froilan Elespe e Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, han realizado pronunciamientos favorables hacia la consolidación del alto el fuego de ETA sin perder de vista la reparación y la justicia.

Glenncree, un punto de inflexión
La labor en favor de la reconciliación recibió un fuerte espaldarazo el 17 de junio de 2012, con la presentación de la "Iniciativa Glenncree", en la que 25 personas que han sufrido violencia de diferente signo a lo largo de la historia reciente de Euskadi firmaron un manifiesto en el que pedían el reconocimiento del daño causado, la asunción de responsabilidades y el establecimiento de una paz basada en la verdad, la justicia, la memoria, el reconocimiento y la reparación.

Glenncree era el fruto cinco años de reuniones entre víctimas de ETA, el GAL o el Batallón Vasco Español, en un clima de discreción, y liderado por la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco. "Hemos pasado del conocimiento mutuo a la empatía y al reconocimiento del otro, superando barreras y estereotipos con los que todos emprendimos el camino", señalaron.

Encuentros entre víctimas y presos
Algunas víctimas han protagonizado otro tipo de encuentros, que les han llevado a reunirse con aquellos terroristas responsables de la muerte de sus familiares.

Las reuniones de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, y Valentín Lasarte, y la de Roberto Manrique, superviviente de Hipercor, con el miembro de ETA Roberto Caride Simón fueron las que saltaron a los medios, pese a que la iniciativa comenzó un año atrás.

Reconocimiento y perdón
En los últimos meses, las víctimas han visto cómo, por primera vez, la izquierda abertzale histórica reconocía su insensibilidad hacia el sufrimiento de aquellos afectados por la violencia terrorista. Así, en un documento presentado en febrero en el Kursaal, admitían que "en la crudeza del conflicto, nos ha faltado hacia unas víctimas la sensibilidad mostrada con otras".

A esta declaración se suma la de Arnaldo Otegi, que en un libro-entrevista realizado en prisión afirma que "si en mi condición de portavoz (y hablo en nombre de todos los portavoces de Batasuna) he añadido un ápice de dolor, sufrimiento o humillación a las familias de las víctimas de las acciones armadas de ETA, quiero pedirles desde aquí mis más sinceras disculpas, acompañadas de un lo siento de corazón".

Presión al Gobierno
A raíz del caso de Josu Uribetxebarria y la concesión del tercer grado por motivos de salud, algunos colectivos de víctimas han mostrado su firme disconformidad con la concesión de ningún tipo de beneficio penitenciario a los presos de ETA. La AVT se reunió incluso con el ministro del Interior para lograr el compromiso del Gobierno de no otorgar beneficios penitenciarios para ninguno de los otros 13 presos de ETA para los que la izquierda abertzale reclama su excarcelación por motivos de salud.

En el mismo sentido, la presidenta de la FVT, Maite Pagazaurtundua, alertaba en verano del peligro de que se produzcan reacciones de "venganza" por parte de las víctimas si el final de ETA supone su "humillación" por la "impunidad" de los terroristas. Reafirmaba, además, su rechazo a un final de ETA sin vencedores ni vencidos.

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