El Congreso aprueba definitivamente los presupuestos generales de 2013

Los presupuestos generales del Estado para 2013 han sido aprobados este jueves definitivamente por el Congreso de los Diputados, con la inclusión de las enmiendas procedentes del Senado. Así, las cuentas quedan listas para entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Toda la oposición, excepto UPN, ha criticado duramente las cuentas de 2013 por no ser reales en cuanto a la previsión de ingresos y por contener medidas antisociales e injustas.

Tras casi tres meses de tramitación en las Cortes, los Presupuestos que aprobó el Gobierno a finales de septiembre han sido finalmente aprobados tras superar en el Senado ocho vetos e incorporarse 89 nuevas enmiendas, entre las que destaca la dotación de 23.000 millones de euros con carácter de crédito ampliable para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2013.

Otras medidas

En los presupuestos 2013 también se incluye una flexibilización de la posibilidad de endeudamiento de las corporaciones locales, de forma que los excedentes se puedan dedicar a inversión a corto plazo como motor de crecimiento y creación de empleo.

Las cuentas públicas financiarán además el sistema eléctrico fijando como límite la recaudación anual obtenida de los impuestos del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, también aprobada hoy.

Por otra parte, el pleno del Congreso también ha ratificado con la mayoría del PP el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que implica una reforma del Código Penal para perseguir con pena de hasta seis años de cárcel a los defraudadores. La ley también reduce la cuantía mínima de defraudación a la Seguridad Social perseguida penalmente de 120.000 a 50.000 euros y persigue vía penal los fraudes que superen los 50.000 euros.

Asimismo, el Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de medidas tributarias que acompañan a los presupuestos de 2013 y que contemplan la creación de un impuesto estatal del 0 % sobre los depósitos en los bancos, así como la eliminación de la deducción por compra de vivienda el próximo año.

Esta ley también prorroga el impuesto sobre el patrimonio y limita para las grandes empresas la deducción por amortización al 70 %, al tiempo que sube el gravamen para las plusvalías a corto plazo, que tributarán a los mismos tipos del IRPF.