ELA estima que se perderán más de 9.000 empleos públicos

ELA estima que se perderán más de 9.000 empleos públicos si el Gobierno Vasco decide aplicar la jornada laboral de 37,5 horas semanales en lugar de la actual de 35 horas, así como el aumento de horas lectivas y ratios en educación.

El sindicato prevé que se perderán más de 2.500 empleos en Osakidetza y más de 6.000 en Educación, así como unos 400 en las sociedades y empresas públicas, 170 en justicia o 300 en el gobierno autónomo.

Este sentido, creación de empleo y mantenimiento de la jornada actual del 35 horas semanales son dos de las líneas maestras que defenderá este sindicato en la próxima reunión de la Mesa General de la Función Pública del Gobierno Vasco, la primera con el nuevo Ejecutivo de Urkullu, que todavía no tiene fecha de convocatoria. Junto a ellas está también la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, con la restitución del 7,14% "arrebatado" con la supresión de la paga extra, entre otras condiciones laborales.

El responsable de negociación colectiva de ELA, Joseba Villarreal, así como el secretario general del área pública, Igor Eizagirre, y el miembro de la Mesa General de la Función Pública del Gobierno Vasco,  Ramón Uriarte, han adelantado hoy estos planteamientos, aseverando que los presupuestos generales del Gobierno Vasco que adelanta el lehendakari, con 1.200 millones de euros menos, "no es más que una apuesta por la destrucción de empleo" y por la "sumisión a los dictados y dictámenes que vienen de Madrid".

En la misma línea ha abundado Eizagirre puntualizando que tomar una decisión en contra de las 35 horas "además de ir contra el autogobierno y los acuerdos firmados, precariza de manera notable la calidad del servicio y es una catástrofe añadida en la destrucción de empleo para este país".

La plataforma de ELA también incluye recuperar el dinero que "han birlado" a los empleados públicos con en los últimos dos años y medio, que estiman en un 20% del poder adquisitivo de los salarios, incluida la última paga extra. "Es nuestro y nada de ese dinero que nos han quitado ha ido a mejora los servicios públicos, ha ido a la banca", ha sostenido Ramón Uriarte.

Los responsables de ELA también ha dejado claro que persistirán en la movilización "radical" y en las concentraciones y protestas si no se tienen en consideración sus propuestas.