Alquiler de conductores
Los ayuntamientos podrán eliminar las licencias de VTC dentro de cuatro años
AGENCIAS | REDACCIÓN
El Ministerio de Fomento traspasa a las comunidades autónomas y a los consistorios la regulación del servicio que ofrecen empresas como Uber, que están en conflicto con el sector del taxi.
El sector del taxi y empresas como Uber están en conflicto. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Alokairuko auto txoferdunei lizentziak kentzeko eskumena izango dute udalek
Los ayuntamientos podrán dentro de cuatro años suprimir las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las de empresas como Uber y Cabify, que estimen convenientes en sus territorios.
Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento, con el que se pretende atajar la 'guerra' abierta entre este sector y el del taxi.
De esta forma, el Ejecutivo español atiende a la petición de este gremio de limitar las VTC, que actualmente superan la proporción con el taxi que establece la Ley, la que fija que no se otorgue más de una licencia de empresas como Uber por cada treinta taxis.
No obstante, la ley establece una moratoria de cuatro años para aplicar la limitación y deja su aplicación en manos de otras administraciones.
La moratoria sólo afecta a la limitación del número de licencias, pero no afecta a la regulación de las condiciones de explotación.
Así, una vez que se aprueba la ley, los gobiernos autonómicos y consistorios que quieran podrán entrar a dictar normas para regular la prestación de servicios de las empresas como Uber, al igual que ya hacen con el taxi.
En concreto, podrán determinar recorridos máximos y mínimos, horarios, condiciones de precontratación de los trayectos e incluso características de sus vehículos.
Con esta nueva norma, además de intentar calmar la batalla entre el taxi y las VTC, Fomento busca equiparar la regulación de los dos modos de transporte, estableciendo que las empresas como Cabify se sometan a las normas regionales y locales, y que sean estos gobiernos los que decidan sobre ellas en función de sus políticas de movilidad.