La ONU exige a Maduro medidas para frenar las ‘graves violaciones de derechos’

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.

El informe, advierte de que "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el Gobierno de Maduro ha puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio Gobierno.

El informe indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, "son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", subraya el informe, que destaca que "quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos".