Derechos humanos
El PNV exige que Europa investigue a España 'por torturas'
Agencias | Redacción
Izaskun Bilbao considera que las recientes advertencias del Comité contra la Tortura de la ONU y la propia Comisión Europea "son elementos suficientes para, al menos, iniciar una investigación".
La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao. Imagen de archivo: EFE
La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha exigido a la Comisión Europea que investigue a España "por la reiteración de condenas por torturas" y su negativa "a cumplir decisiones marco como la que obliga reconocer las penas cumplidas en otros países" de la UE.
En su texto, Bilbao recuerda que la Comisión se dotó en 2014 de un marco para "salvaguardar el Estado de Derecho, que se activa ante posibles casos de amenaza sistémica contra el mismo".
La eurodiputada considera que las recientes advertencias del Comité contra la Tortura de la ONU y la propia Comisión Europea "son elementos suficientes para, al menos, iniciar una investigación" sobre el Estado español "por estas cuestiones".
Bilbao ha insistido en que el Premio Nobel de la Paz recibido por las instituciones europeas debería "animarles a tomar una actitud más visible y activa ante situaciones que empiezan a tomar un preocupante cariz".
"Planteamos esta iniciativa para que la Comisión Europea active las herramientas que tiene para, al menos pedir datos a España, ante estas alteraciones del Estado de Derecho. Hay sentencias europeas reiteradas por no investigar torturas y un aviso de la ONU por ello. La propia Comisión ha dicho que hay que reconocer las penas cumplidas en otros países", ha añadido.
“Llueve sobre mojado”
En este sentido, ha apuntado que esta misma semana el Tribunal Supremo "ha ignorado ésta advertencia". "Llueve sobre mojado. En Estrasburgo todo el mundo recuerda que las máximas autoridades judiciales españolas ampararon la llamada 'doctrina Parot', cuando todos los expertos decían que era una auténtica chapuza", ha indicado.
Por ello, ha manifestado que la Comisión Europea "tiene competencias y mecanismos para decirles a las autoridades judiciales y al Gobierno español que en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales no caben estos comportamientos".