Ante el Constitucional
El Gobierno español recurrirá las leyes vascas de vivienda y fracking
AGENCIAS | REDACCIÓN
El Gobierno de Mariano Rajoy ha avisado al Ejecutivo vasco de que las Leyes de Vivienda y contra el Fracking son 'inconstitucionales'.
El Tribunal Constitucional. Foto de archivo: EFE
El Gobierno de Mariano Rajoy ha avisado al Ejecutivo vasco de que las Leyes de Vivienda y contra el Fracking, aprobadas en el Parlamento autonómico el 18 y 30 de junio, respectivamente, son "inconstitucionales" y, por lo tanto, advierte de su intención de recurrirlas.
Estas normas no fueron promovidas por el Gobierno de Iñigo Urkullu ni apoyadas por el PNV. La Ley de Vivienda salió adelante con los votos del PSE-EE, EH Bildu y UPyD, mientras que la Ley que evita el uso del Fracking en Euskadi fue aprobada con los votos a favor de PSE-EE, EH Bildu y del propio PP.
El Ejecutivo español considera que son inconstitucionales los artículos 3, 4, 6, 9, 56, 57, 59, 63, 64, 72, 74, 75, 83 y 84, así como la Disposición Adicional Primera de la Ley de Vivienda. También cree que conculcan la Constitución los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley contra el Fracking.
En cuanto a la Ley de Vivienda, el Gobierno del PP considera que la lectura que hace la ley sobre las viviendas vacías es inapropiada. Es más, cree que poner cánones especiales a estas casas o obligar a los dueños a alquilarlas es inconstitucional. Asimismo, destaca que la legislación civil "es competencia exclusiva del Estado", tal como establece el artículo 149 de la Constitución.
En lo que respecta a la ley que prohíbe el fracking, el gobierno español dice que la ley vasca no prohíbe expresamente el fracking, pero que indirectamente tiene ese objetivo. Además, subraya que es el gobierno español quien tiene competencia sobre esa técnica para sacar el gas.
Además, recuerda que se han aprobado normas similares en otras comunidades autónomas, han sido recurridas al Tribunal Constitucional e incluso anuladas. De esta forma, se refiere al suspendido Decreto-Ley andaluz 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, conocido como 'decreto antidesahucios', así como a las Leyes de Fracking de Cantabria y La Rioja, que establecieron "previsiones absolutas", y se han declarado nulas.