Crímenes del franquismo
Europa investigará el 'no' de España a extraditar excargos franquistas
AGENCIAS | REDACCIÓN
El Parlamento Europeo analizará si la negativa del Gobierno español vulnera tratados y acuerdos comunitarios sobre derechos humanos y memoria histórica.
María Servini, la jueza que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo. EFE
Euskaraz irakurri: Europak Espainia ikertuko du kargudun frankistak ez estraditatzeagatik
El Parlamento Europeo investigará si la negativa del Gobierno español a extraditar a antiguos cargos franquistas, por la causa judicial abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, vulnera varios tratados y acuerdos comunitarios sobre derechos humanos y memoria histórica.
La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo ha admitido a trámite una queja de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, que representa a los damnificados por una carga policial contra una protesta obrera celebrada en 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía y en la que hubo alrededor de 150 heridos.
La queja fue presentada ante este organismo del Parlamento europeo por la mencionada asociación y por los europarlamentarios del PNV, Izaskun Bilbao, y EH Bildu, Josu Juaristi, respectivamente, que este lunes han confirmado que la denuncia ha sido admitida a trámite.
La decisión de la Comisión de Quejas, según han explicado, responde a que este organismo estima que existen "visos" de que, tal como se plantea en la queja, la actuación del Gobierno español en este asunto pueda haber contravenido diversos acuerdos y tratados europeos sobre derechos humanos y memoria histórica.
La queja se centra en el rechazo del Gobierno central a atender a la petición de extradición formulada por la juez argentina María Servini contra varios antiguos ministros y cargos franquistas. Esta magistrada mantiene abierta una investigación por los crímenes cometidos por el régimen de Franco durante la dictadura española, entre ellos los relacionados con el 3 de marzo de 1976.
La queja denuncia que este modo de proceder del Ejecutivo español "vulnera" la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como varias decisiones marco y "el acervo comunitario en materia de atención a las víctimas de delitos". El rechazo a la extradición también implicaría, según la denuncia, la vulneración del Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, y las recomendaciones internacionales sobre memoria histórica, incluidas las bases del programa 'Europa para los ciudadanos 2014-2020'.