Navarra
La familia de Sanjurjo pide el archivo del proceso de exhumación
AGencias | Redacción
Dice que la decisión del ayuntamiento de Pamplona es "estrictamente política" y "contraria" a la ley de Memoria Histórica.
Euskaraz irakurri: Hobitik ateratzeko prozesua eteteko eskatu du Sanjurjoren familiak
La familia del general Sanjurjo quiere que el Ayuntamiento de Pamplona archive las actuaciones realizadas para la exhumación de los restos del militar franquista al entender que la motivación es "estrictamente política" y, por lo tanto, "contraria" a la ley de Memoria Histórica y en el procedimiento se ha incurrido en "defectos legales".
El equipo de gobierno iruindarra decidió a principios de mes clausurar el próximo 16 de noviembre la cripta donde se encuentran los restos de Sanjurjo y Mola, exhumar éstos y, en su caso, conocida la voluntad de las familias, entregarlos a las personas legalmente responsables.
La familia de Sanjurjo sostiene ahora que conoció la decisión por unas declaraciones del alcalde a los medios de comunicación y que el expediente se inició "sin cumplir ninguno de los requisitos previstos" en la ley.
La cripta es "un lugar privado, no un cementerio"
Añade, además, que la cripta donde están los restos "es un lugar privado y no un cementerio" y por lo tanto "no encaja" en la definición del Reglamento de Sanidad Mortuoria de Navarra.
La familia de Sanjurjo, residente en Madrid, afirma, asimismo, que no se ha mantenido con ellos ningún contacto previo a la decisión del Ayuntamiento y que en el procedimiento se ha "excluido" al secretario municipal como "fedatario público y redactor necesario de los informes jurídicos".
Precisa al respecto que las funciones de éste quedaron "en manos absolutamente de los criterios políticos del equipo de gobierno", y de hecho subraya que en el expediente "no consta la firma de ninguno de los intervinientes".
Alega también que la exhumación decidida plantea una "vulneración" de la ley de libertad religiosa y "un problema de derecho internacional" ya que "vulnera" la ratificación del acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede por el que "los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes" y la cripta es, por sentencia de 2008, de "uso privado de la Iglesia Católica como lugar de culto y enterramiento".