Proceso judicial
Documentación: El caso Udalbiltza
Redacción
La Audiencia Nacional juzgará a 22 personas de la ilegalizada asamblea de electos impulsada por la izquierda abertzale acusadas de pertenencia a ETA y malversación de caudales públicos.
La Asamblea de Ayuntamientos y Electos Municipales de Euskal Herria, Udalbiltza, fue creada el 18 de septiembre de 1999 por alcaldes y ediles nacionalistas de Euskadi, Navarra e Iparralde, considerando la nueva entidad como "la primera institución nacional vasca".
A la asamblea fundacional, que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, acudieron cerca de 1.800 cargos electos de PNV, EH, EA, AB e independientes.
Sin embargo, tras la ruptura de la tregua decretada por ETA entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999, las divisiones en el seno de la entidad provocaron su factora en dos Udalbiltzas: Una, impulsada por PNV y EA, y otra, impulsada por la izquierda abertzale, que comenzó a ser conocida como Udalbiltza-Kursaal.
El sumario contra Udalbiltza-Kursaal se inició hace siete años, después de que la Audiencia Nacional ordenara la operación, en la que fueron encarceladas 13 personas y cerradas sus sedes públicas.
En total hay 22 personas imputadas en el caso y se enfrentan a penas que suman un total de 240 años de prisión, que la Fiscalía reclama para todos ellos por pertenencia a ETA y un supuesto delito de allegamiento de fondos a la banda.
Entre los procesados se encuentran Xabier Alegria, Miriam Campos, Joseba Mikel Garmendia, Miren Karmele Urbistondo, Leire Idoyaga, Oscar Goñi, Larraitz Sanzberro, José Manuel Jurado y Lander Etxebarria.
Los otros procesados son: Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aranburu, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Xarlo Etxezaharreta, Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, María Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pidió para cada uno 10 años de cárcel por pertenencia a una organización terrorista y a cuatro les atribuyó también un delito de malversación de fondos públicos, por el que solicitó otros cinco años más.
El Ministerio Público consideró a Udalbiltza-Kursaal como una plataforma "bajo el control directo y exclusivo de ETA", que empleó para cubrir el vacío institucional producido por la ilegalización de Batasuna.
Por su parte, desde la plataforma abertzale han asegurado que "no existen pruebas que vinculen a las personas procesadas y a Udalbiltza con ETA", y que "ni siquiera se imputa ningún hecho concreto que tenga ninguna relación con la actividad de ETA".
El juicio está señalado para los días 15, 16, 22 y 23 de julio y 7, 8, 9, 13, 14 y 15 de septiembre.