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Cuestión de competencia

Audiencia Navarra insta que el 'caso de Alsasua' se juzgue en Pamplona

Agencias | Redacción

Insta a la juez a plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que la causa se instruya en Pamplona y no en la Audiencia Nacional.

Imagen de archivo de una concentración realizada en Alsasua. Foto: EFE

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La Audiencia de Navarra no ve "indicios racionales" de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua y, por tanto, insta a la juez a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo para que la causa se instruya en Pamplona y no en la Audiencia Nacional.

"No es posible concluir que en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo", señala la sección Primera de la Audiencia de Navarra, estimando el recurso interpuesto por los nueve investigados en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre y sostiene que la causa debe instruirse en la capital navarra.

Por ello, insta al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona a que rechace el envío de la causa al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y, por tanto, plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que decida qué órgano judicial debe asumir la investigación.

Al no ver "indicios racionales" que pongan de manifiesto la comisión de un delito de terrorismo, la Audiencia de Navarra concluye que el juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona es el "competente para la instrucción de los hechos denunciados".

Sostiene que se está ante un hecho "en principio casual, en el curso del cual se desarrollan los hechos", que "evidentemente" tiene su origen en el conocimiento que los presuntos agresores tienen de la condición de agentes de la Guardia Civil, a lo que añade que existe el movimiento OSPA en el que se integran al parecer algunos de los investigados.

Pero puntualiza que de esa circunstancia y de las expresiones que pudieron referirse y que iban dirigidas a su cualidad de guardias civiles, "no puede deducirse" que lo que se pretendía era desestabilizar las instituciones o "alterar gravemente la paz pública o generar un estado de terror en la población o en una parte de ella".

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