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Parlamento Europeo

Denuncian ante la UE la situación de los jóvenes de Alsasua

agencias | redacción

PNV, EH Bildu, IU y Podemos han pedido que se revise la aplicación en el Estado español de las normas europeas sobre terrorismo.

Protesta contra las peticiones de condena a los jóvenes de Alsasua. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Altsasuko gazteen egoera salatu dute Europarlamentuan

Los europarlamentarios del PNV, EH Bildu, IU y Podemos, Izaskun Bilbao, Josu Juaristi, Marina Albiol y Xabier Benito, han presentado una iniciativa en la que denuncian la petición fiscal de un total de 375 años de cárcel para los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016. Además, piden que  se revise la aplicación en el Estado español de las normas europeas sobre terrorismo.

Este grupo de europarlamentarios, que llevó el 'caso Alsasua' al Parlamento Europeo, ha presentado este jueves una iniciativa  en la que asegura que la petición de 375 años de cárcel para los procesados "tiene su origen en una incorrecta trasposición en España de la legislación europea que define el delito de terrorismo".

Por ello, solicitan a la Comisión Europea que "revise el proceso de adaptación de las leyes estatales a las europeas y que contraste si lo ocurrido en este caso concuerda con las previsiones sobre proporcionalidad de las penas" que se recogen en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

En su texto, Bilbao, Juaristi, Albiol y Benito recuerdan que la condena que se pide para los encausados "está vinculada a su participación en una trifulca con cuatro personas, dos de ellas guardias civiles, tras un encuentro fortuito en un bar de Alsasua", y destacan que "la lesión más grave fruto de estos hechos fue una fractura de tobillo".

En la iniciativa, explican que el fiscal "ha tratado de convertir lo sucedido en un delito de terrorismo".

A juicio de los firmantes de la iniciativa, la construcción del escrito de acusación "no encaja con las definiciones comunitarias de terrorismo que aparecen en varias directivas y decisiones marco europeas". Además, considera que no es consecuente "con la aplicación que en otros casos de agresiones contra Policías se hace del Código Penal" en el propio Estado español.

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