Fiscalía se querella contra Lloveras y Buch y pide cerrar sus webs

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra la presidenta de la AMI, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parlament de JxSí, Neus Lloveras, y contra el presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, ambos de PDeCAT, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum y pide cerrar las webs de las entidades.

En el escrito, que se ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que ambos han realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del referéndum.

En la querella, la Fiscalía solicita varias medidas cautelares al TSJC como que fije fianzas económicas para los dos querellados por las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir, y en su caso, embargo de bienes en la cuantía "que prudencialmente se fije".

También pide que cierre las páginas web de la AMI y de la ACM, además de que se dirija oficio a los alcaldes catalanes para que impidan el referéndum, y singularmente, imprimir, colocar o difundir los carteles de fomento de la participación, retirando los que ya se hayan colocado.

Del mismo modo, solicita a Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que adopten las medidas necesarias para evitar el referéndum, requisando urnas, sobres electorales, manuales, impresos y carteles de fomento de la participación y a favor del 'sí'.

"Total desprecio" al Tribunal Constitucional

 

"Con estas conductas, los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio a los pronunciamientos del TC".

Y prosiguen que con estas acciones comprometen con ello "una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".

"Una cuestión resulta evidente: la convocatoria y celebración de un referéndum implica un gasto de dinero público", por lo que los gastos ya generados y los que se generen en el futuro han sido deliberadamente destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública, según afirman en la querella.