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Cataluña

Lamela aprueba que el Tribunal Supremo acumule las causas sobre Cataluña

Agencias | Redacción

Según ha asegurado la juez de la Audiencia Nacional, se está investigando a los miembros de 'una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña'.

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La juez Carmen Lamela es favorable a la acumulación de todas las causas abiertas por rebelión porque se está investigando a los miembros de "una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario".

Este es el sentido del informe que la juez de la Audiencia Nacional remitió ayer al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación a la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

La Fiscalía por contra se ha opuesto a la acumulación de todas las causas y defiende que los no aforados deben seguir siendo investigados en la Audiencia Nacional.

La juez entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

Investigación

De lo investigado deduce que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una "premeditada" estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles".

El organigrama de esa organización, según la juez, se compone de un ámbito legislativo, integrado por autoridades parlamentarias; el ejecutivo, con los miembros del Govern; la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Òmnium.

Para Lamela cobra especial relevancia el papel de los Mossos para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados.

Además, todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.

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