Cataluña
Jordi Sànchez recurre ante el Supremo para poder acudir a su investidura
Agencias | Redacción
El candidato a president de JxCat pide al TS que tramite cuanto antes su petición ante "la suma excepcionalidad de los intereses en juego".
Sànchez, en un acto de la ANC. Foto de archivo de EiTB
Euskaraz irakurri: Jordi Sanchezek helegitea aurkeztu du Gorenean bere inbestidurara joan ahal izateko
El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), ha presentado este lunes un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que le permita acudir a su investidura en el Parlament. El juez Llarena le denegó el pasado viernes el permiso para acudir al Parlament.
En el recurso, Sànchez pide que la petición se tramite con la máxima celeridad posible teniendo en cuenta "la suma excepcionalidad de los intereses en juego": tanto los derechos políticos del candidato a ser investido como los de sus millones de votantes.
La defensa de Sànchez puntualiza que, pese a que el pleno de investidura previsto inicialmente para este lunes ha sido aplazado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, éste no puede esperar indefinidamente a saber si Sànchez puede acudir al pleno.
Vulnera varios derechos fundamentales
El abogado de Sànchez, Jordi Pina, afirma en dicho recurso que denegar a un parlamentario democráticamente elegido de la posibilidad de acudir al Pleno de investidura al que ha sido propuesto como candidato a presidente "comporta graves lesiones de derechos fundamentales y es una decisión que socava gravemente algunos de los pilares básicos de cualquier sistema constitucional".
Enumera como derechos vulnerados el de participación política y acceso a los cargos públicos, vulneración del derecho a la presunción de inocencia al imponer "un castigo anticipado", el derecho a expresión de opiniones políticas y al pluralismo político porque afirma que se criminalizan ideas.
Para Jordi Sànchez, esta decisión también supone una grave limitación del derecho de Cataluña a la autonomía política reconocida en el artículo 2 de la Constitución, al impedir que el Parlament designe al candidato con más apoyos.
Sobre los argumentos de Llarena para denegarle la salida de prisión, Pina apunta que el riesgo para el orden público que esgrime el magistrado no tiene justificación y cree que "se basa en puras intuiciones personales, que no deberían ser nunca la base de decisiones judiciales tan gravosas".
"¿En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sànchez una nueva sedición o rebelión? ¿Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament?", cuestiona.