Autogobierno
El PP dice que la propuesta de autogobierno del PNV se debe votar en toda España
Agencias | Redacción
Según un informe encargado por los populares vascos, además de ser aprobadas por todos los españoles, las medidas propuestas por el PNV requerirían de una reforma de la Constitución.
Un informe encargado por el PP del País Vasco sobre la propuesta de "nuevo estatus" para Euskadi presentada por el PNV sostiene que la mayoría de sus medidas requerirían de una reforma de la Constitución y deberían ser aprobadas por el conjunto de los españoles, no solo por los vascos.
El PP encargó al catedrático de Derecho Constitucional de la universidad a distancia UNED Carlos Vidal Prado este informe sobre la propuesta del PNV en la ponencia de autogobierno y sobre la realizada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la Comisión Europea.
El jurista sostiene que ni la "bilateralidad" entre Euskadi y el Estado, a través de un "concierto político" de inspiración confederal, ni el derecho a decidir o de autodeterminación tienen cabida en la Constitución.
Tras aseverar que "no existe un sujeto jurídico político diferente al pueblo español" como "único titular de la soberanía", afirma que la pretensión de implantar un sistema confederal no cabe en la Constitución porque sería "la imposición de una parte al todo".
La propuesta que presentó el PNV se articula a partir de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que reconoce los derechos históricos de los territorios forales, pero Vidal Prado recuerda que el Tribunal Constitucional los ha acotado "casi exclusivamente" al régimen tributario de las haciendas forales y que la propia adicional primera establece que la actualización del régimen foral debe hacerse en el marco de la Constitución.
Vidal Prado, cuyo informe el PP vasco suscribe plenamente, agrega además que los derechos forales pertenecen a cada uno de los territorios históricos, no al "pueblo vasco".
En cuanto al denominado derecho a decidir, el otro de los grandes elementos de la propuesta del PNV, el jurista y articulista considera que su reconocimiento supondría "no solamente la ruptura del Estado, sino la destrucción de la Constitución".