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CASO ALSASUA

Familiares de Alsasua creen que la acusación de terrorismo ha sido desmontada

AGENCIAS | REDACCIÓN

Han asegurado tener 'miedo a la sentencia', pero esperan que se haga justicia.

Isabel Pozueta y Edurne Goikoetxea. Captura sacada del vídeo grabado por ETB.

Euskaraz irakurri: Terrorismo delituaren kalifikazioa desmuntatu dela uste dute Altsasuko gurasoek

Los padres y madres de los ocho jóvenes juzgados en el caso Alsasua han afirmado que durante las once sesiones del juicio en la Audiencia Nacional "ha sido desmontada" la calificación de los hechos como delito de terrorismo, pero han manifestado que tienen "miedo a la sentencia". De todos modos confían en que "se haga justicia" y que sus hijos e hijas puedan retomar su futuro.

Los familiares de los acusados han comparecido este miércoles en una rueda de prensa en Pamplona para hacer balance del juicio. Así, se han mostrado "contentos con el transcurso del juicio porque hemos podido presentar pruebas que desmontan un relato totalmente magnificado" y han confiado en que "se haga justicia y que nuestros hijos puedan retomar su futuro con tranquilidad y pasar esta tenebrosa página".

Isabel Pozueta y Edurne Goikoetxea, que han ejercido como portavoces del grupo de padres y madres, han señalado que "la madrugada del 15 de octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en cualquier otra población en una noche de juerga y alcohol". "La diferencia es que sucedió en Alsasua y que en esta disputa estaban implicados dos guardias civiles y sus parejas. En ese mismo año acaecieron 9.571 casos similares y ninguno de ellos se consideró terrorismo", han indicado.

El grupo de madres y padres ha explicado que seguirán trabajando "para que este despropósito finalice" y se reunirá próximamente con representantes institucionales, políticos, sociales, sindicales y culturales. Además, el 25 de mayo se concentrarán a las 12:00 horas frente al Parlamento de Navarra para reclamar "justicia".

Además han pedido la puesta en libertad inmediata de los tres jóvenes encarcelados. "Hemos recorrido 286.806 kilómetros y ya llevamos gastados 69.200 euros en viajes. Este año y medio nos ha supuesto un perjuicio físico y psicológico importante. Creemos que ya es hora de hacer justicia y deseamos que la sentencia permita que estas ocho familias recuperemos una vida normal", han apuntado.

 

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