Audiencia Nacional
La AN confirma el procesamiento de Trapero por sedición en el referéndum del 1-O
agencias | redacción
La sala concluye que la investigación practicada a lo largo de estos meses demuestra "sin duda la cooperación" del antiguo dirigente de los Mossos "en ese eslabón del plan secesionista".
Euskaraz irakurri: ANk onartu egin du Trapero sedizioagatik epaitzea U-1eko erreferendumaren harira
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por un delito de pertenencia a organización criminal y dos de sedición por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado la protesta de la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre.
El tribunal también ha ratificado los procesamientos del ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y del exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler, ambos por organización criminal y un único delito de sedición por el 1 de octubre, así como el de la intendente Teresa Laplana, en su caso por sedición por la protesta en la Conselleria.
En sendos autos, los magistrados de la sección segunda desestiman los recursos de los cuatro procesados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, con lo que ahora será el turno de las partes para presentar sus escritos de acusación y defensa, paso previo a la apertura de juicio oral.
En el auto referido a Trapero, la sala concluye que la investigación practicada a lo largo de estos meses demuestra "sin duda la cooperación" del antiguo dirigente de los Mossos "en ese eslabón del plan secesionista".
Afirma que el 1-O los responsables de los Mossos, con Trapero a la cabeza, incumplieron el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum simulando "un dispositivo engañoso, meramente formal, con designio no sólo de permitir la celebración de la ilícita consulta, sino de socavar la actuación que (...) desarrollasen los otros cuerpos de seguridad del Estado".
Los mossos, agrega, no solo obstaculizaron las actuaciones de los policías nacionales y guardias civiles, sino que incluso no intervinieron cuando los agentes de la policía estatal eran agredidos y vigilaron sus movimientos.