Informe final
El Gobierno Vasco ve malversación en los contratos adjudicados a la trama De Miguel
AGENCIAS | REDACCIÓN
La Diputación de Bizkaia ha rebajado de un total de seis años a un año y tres meses de cárcel la pena que solicita para los imputados Josu Arruti Odriozola y Josu Arruti Letemendia.
Iosu Arruti, Gorka Errasti y Estibaliz Arruti, acusados en el Caso De Miguel. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: De Miguel auzikoek diru publikoa bidegabe erabili zuten, Jaurlaritzaren esanetan
El abogado del Gobierno Vasco en el caso De Miguel considera que se ha acreditado en el juicio la comisión de un delito de malversación en los contratos firmados por la presunta red corrupta con el Ejecutivo autonómico y ha fijado el quebranto para la Hacienda en 146.230 euros, cantidad que reclama.
El letrado Javier Otaola ha presentado su informe final en este juicio que comenzó el pasado mes de enero en la Audiencia Provincial de Álava y en el que hay 26 acusados, entre ellos el que fuera el número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel y otros dos exmiembros de la Ejecutiva de este partido en la provincia Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.
Al comenzar su intervención, Otaola ha reconocido que hoy se ha levantado "triste", porque es la primera vez en 30 años de carrera que tiene que "acusar" a un director del Gobierno Vasco, en referencia a Xabier Sánchez Robles, el que fuera director de Juventud con el gobierno de Juan José Ibarretxe, imputado en esta causa y para quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel.
"Entendemos que ha habido un delito de malversación cometido por Sánchez Robles", quien se "valió de su facultad para proponer los contratos" con la presunta trama corrupta y "controlarlos".
La Diputación de Bizkaia baja a año y 3 meses la condena que pide en el caso De Miguel
La Diputación de Bizkaia, personada como acusación particular en el juicio por el "caso De Miguel", ha rebajado de un total de seis años a un año y tres meses de cárcel la pena que solicita para los dos imputados de este macroproceso a los que acusa de delitos fiscales.
Se trata de los empresarios Josu Arruti Odriozola y Josu Arruti Letamendia, padre e hijo, vinculados con una fallida recalificación de terrenos para la instalación de un polígono industrial que la presunta trama corrupta trató de llevar a cabo en la localidad alavesa de Zambrana y en la que, según reconoció expresamente en el juicio uno de ellos, se cobraron comisiones ilegales.
La diputación vizcaína pedía cuatro años de cárcel para Arruti Odriozola por dos delitos fiscales y otros dos de prisión para su hijo por otro delito fiscal.
Ahora ha rebajado en su escrito de conclusiones definitivas su petición a un año de cárcel para Arruti Letamendia por un delito fiscal, y tres meses de prisión y una multa de 32.400 euros para su padre.