La Fiscalía se querellará contra Torra por desobedecer sobre la retirada de los lazos

La Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada de símbolos independentistas en los edificios públicos, después de que la Fiscalía General del Estado diese este viernes traslado del informe del órgano supervisor sobre los "incumplimientos" de sus acuerdos.

La Fiscalía General del Estado ha informado en un comunicado que ha recibido el expediente de la JEC en el que expone y detalla el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte del presidente catalán de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019.

Según han informado fuentes fiscales, el expediente entregado al Ministerio Público incluye toda la documentación que se ha producido a lo largo de estos diez días en los que Torra se ha negado a llevar a cabo las ordenes de la JEC. También se aportan las comunicaciones que la Junta Electoral Central ha enviado al presidente de la Generalitat y la que, a su vez, éste ha remitido al organismo de control.

Acuerdos de la JEC

En el primer acuerdo, la JEC daba a Torra un plazo de 48 horas para que ordenase la retirada de todas las esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril.

Tras la negativa el presidente catalán, el órgano supervisor de procesos electorales dio un 'ultimátum' y le advirtió de "las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumple estrictamente" este acuerdo.

Precedente por desobedecer

Aunque aún no se ha concretado el delito, la negativa de Torra, que se encuentra aforado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, podría encajar en un delito de desobediencia. Existe un precedente por hechos similares, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros por haber rechazado a descolgar una estelada colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.