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Parlamento Vasco

Prorrogan cinco meses el plazo para que los expertos presenten el nuevo Estatuto

AGENCIAS | REDACCIÓN

En principio, los expertos designados por los grupos políticos tenían que entregar este mismo mes el texto articulado para un nuevo estatus político.

Ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Adituek Estatutu berria aurkezteko epea bost hilabete atzeratu dute

La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha acordado este jueves prorrogar hasta el 30 de noviembre el plazo para que los expertos designados por los grupos políticos concluyan la elaboración del texto articulado del nuevo Estatuto, que en principio tenían que entregar este mismo mes.

Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de conceder esta prórroga excepto el PP, que se ha abstenido, según han confirmado a los medios de comunicación varios de los integrantes de las ponencia al término de la reunión que ha durado unos quince minutos.

Cada uno de los cinco grupos parlamentarios designó a un experto para elaborar este texto articulado de reforma del Estatuto de Autonomía que luego asumirían uno o varios grupos para su posterior tramitación como proposición de ley en la Cámara Vasca.

Los expertos son Mikel Legarda (propuesto por el PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE-EE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).

El texto parte de las bases del acuerdo aprobadas en la ponencia por PNV y EH Bildu sobre el futuro marco legal que fueron rechazadas por PSE y PP, mientras que Elkarrekin Podemos únicamente apoyó el capítulo referido a los derechos de los ciudadanos y de la mujer.

Todos ellos reconocieron cuando asumieron este encargo de la dificultad de lograr un consenso sobre el texto dadas las posturas enfrentadas que mantuvieron los grupos durante los trabajos de la ponencia.

De hecho, EH Bildu, como ya anunció su coordinador general, Arnaldo Otegi, durante la pasada campaña electoral, ha asegurado que a través de Iñigo Urrutia presentará al resto de los expertos su propia propuesta de texto articulado para un nuevo estatus político ante el retraso de los trabajos.

Este texto de la coalición soberanista será "confidencial" ya que ese es el encargo que les hizo el Parlamento hasta que esté definido el texto, han confirmado fuentes de EH Bildu.

La portavoz parlamentaria de la coalición soberanista, Maddalen Iriarte, ha explicado que la intención de su grupo era "agilizar" los plazos para la presentación del documento, y ha lamentado que esto no haya sido posible.

En todo caso, se ha felicitado por el hecho de que con el establecimiento de una nueva fecha límite para el 30 de noviembre, se ha dado "un nuevo impulso" a la ponencia, ante la "parálisis" en la que se encontraba el grupo de expertos.

Iriarte ha asegurado, incluso, que los juristas encargados de esta labor no han logrado cerrar ni "uno" de los nueve apartados en los que se debe basar el texto articulado, un documento que se ha de elaborar a partir del preacuerdo logrado el pasado año entre el PNV y EH Bildu sobre un eventual nuevo estatuto. De hecho, ha afirmado que los expertos apenas han empezado a debatir sobre "tres o cuatro" puntos del citado borrador.

Entre los puntos más polémicos recogidos en el acuerdo de la ponencia figura la diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía, y una consulta ciudadana sobre el texto que aprobaría el Parlamento y que jurídicamente no tendría un carácter vinculante pero sí "un valor declarativo y habilitante esencial".

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido a EH Bildu de que no alterará "el ritmo de los trabajos" de la ponencia de autogobierno con su intención de presentar su propio texto articulado de nuevo estatus, y ha asegurado que él ni siquiera se va a leer este documento.

Ayer el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, dijo que su formación aspira a que el PNV renuncie a esas bases pactadas con EH Bildu por ser un documento de "ruptura".

Una vez cumplido este trámite se iniciaría un proceso de negociación con el Estado para su encaje jurídico y tras la tramitación en las Cortes Generales, si fuera aprobada la ley, se procedería a su ratificación mediante referéndum.


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