Estrasburgo
TEDH avala de nuevo no indemnizar a familiares de miembros de ETA víctimas del GAL
Agencias | Redacción
La Corte europea apoya así la cláusula de excepción de la Audiencia Nacional para la indemnización a víctimas del terrorismo.
Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Foto: Wikiedia Commons CC3.0
Euskaraz irakurri: GALen biktima diren ETAko kideen senideei kalte-ordainik ez ematea berretsi du GEEAk
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a avalar este jueves que España no indemnice a familiares de personas vinculadas a ETA asesinadas por los GAL, al rechazar la demanda de Blanca Pascual González, la viuda del supuesto miembro de ETA Vicente Perurena Telletxea asesinado en 1984 en Hendaia por los GAL.
La Corte europea apoya así la cláusula de excepción de la Audiencia Nacional para la indemnización a víctimas del terrorismo, "cuando las presuntas víctimas han sido miembros de una organización dedicada a perpetrar crímenes violentos".
La demandante consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su esposo, puesto que no fue condenado por pertenencia a ETA antes de su asesinato y la decisión de no acordarle la indemnización se basaba en sospechas.
Pero Estrasburgo da por buena la decisión de la Audiencia Nacional basada en "las pruebas existentes de diferentes fuentes, como declaraciones hechas por otros miembros de ETA, noticias de prensa y publicaciones relacionadas con ETA, que prueban que el fallecido había pertenecido a la banda".
En este sentido, consideran que la demandante "no ha demostrado la existencia del vínculo necesario entre los procesos penales archivados contra su esposo y los procedimientos de compensación iniciados por ella", en lo referente a la presunción de inocencia.
En la web de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Perurena Telletxea aparece como víctima del GAL y miembro de ETA. La Audiencia Nacional dictó contra él una orden de arresto por colaboración con banda armada.
Junto a sus tres hijas, Pascual recibió una indemnización de 33 millones de pesetas (unos 198.000 euros), gracias a la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobada en 1999.
Años después, reclamó un complemento, tras la aprobación en 2011 de la nueva ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que fue rechazado.