Tribunal Supremo
Llarena pide al Tribunal de Cerdeña entregar a Puigdemont y carga contra la Abogacía del Estado
Agencias | EiTB Media
El magistrado echa en cara a la Abogacía del Estado que en el procedimiento que se sigue relativo a la retirada de la inmunidad de Puigdemont, ésta informara al TGUE de que la Orden de Detención y Entrega estaba suspendida.
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena. Foto de archivo: EFE
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El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, ha remitido un escrito al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) en el que señala que la euroorden contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial. Insta a que entreguen a Puigdemont a las autoridades judiciales españolas.
En este sentido, Llarena echa en cara a la Abogacía del Estado que en el procedimiento que se sigue relativo a la retirada de la inmunidad de Puigdemont, ésta informara al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que la Orden de Detención y Entrega (ODE) estaba suspendida.
El magistrado hace esta matización en el oficio enviado al representante de España en Eurojust, José de la Mata, para que traslade al tribunal italiano el auto en el que acordó la prisión provisional del expresident y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él.
En ese oficio, subraya especialmente que ante el conocimiento de determinadas informaciones "que niegan que pueda estar en vigor la orden de detención europea (OED)", transmite al tribunal "que la orden de prisión y la OED permanecen en vigor".
Indica que esa vigencia no se suspendió por el planteamiento que hizo de la Cuestión Prejudicial y explicita que si bien las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecen que la presentación de la misma comporta la suspensión del procedimiento nacional, "la propia recomendación subraya que la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria".
Llarena, no conforme con esta acotación, carga contra los servicios jurídicos del Estado apuntando que esa situación "no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España". "Nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca", apunta.
Tras exponer la causa, Llarena solicita al tribunal de Sassari que acuerde la entrega a España del expresidente "para poder continuar el procedimiento que aquí se ventila".