Víctimas
La asociación 3 de Marzo cree que la Ley de Memoria Democrática de Sánchez se queda muy corta
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Critican que no se recoja la equiparación de todas las víctimas y el derecho a la justicia, algo que consideran fundamental.
Víctimas del 3 de marzo. Foto: Efe
Euskaraz irakurri: Martxoak 3 elkartearen ustez Sanchezen Memoria Demokratikorako Legea oso hankamotz dago
El Gobierno español ha garantizado que la nueva Ley de Memoria Democrática dará cobertura a las personas que "sacrificaron todo en defensa de la democracia", entre ellas los cinco trabajadores fallecidos en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
Sin embargo, desde la asociación 3 de Marzo creen que la norma se queda muy corta, porque, entre otras cosas, no incluye la equiparación de todas las víctimas y el derecho a la justicia, algo que consideran fundamental.
En ese sentido, entrevistados en Radio Euskadi, han asegurado que esta ley sigue la misma línea de las anteriores, lo que en la práctica se traduce en el mantenimiento de la impunidad.
La nueva ley de memoria democrática sigue congelada en el Congreso a la espera de que se convoque la ponencia para la discusión de las enmiendas. La asociación 3 de Marzo espera que en esa fase se subsanen las deficiencias que observan en la normativa.
Ley de Memoria Histórica de 2007
El Gobierno español, en respuesta a una pregunta del PNV, resalta que ya en la Ley de Memoria Histórica de 2007 se incluyó "expresamente un reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977".
En el caso concreto de las víctimas de Vitoria, reseña el Ejecutivo, fueron trece los familiares de las cinco personas fallecidas quienes, entre marzo de 2009 y marzo de 2010, vieron reconocido su derecho a las indemnizaciones que establece la norma aún vigente y recibieron un montante total de 675.000 euros.
Además de estos reconocimientos, el Gobierno incide en que con la nueva Ley de Memoria Democrática se reconoce "el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos".