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Senado

El Gobierno español no revisará las denegaciones de indemnización a víctimas del GAL y BVE

Agencias | EiTB Media

Pedro Sánchez considera que el Ejecutivo español ha actuado de acuerdo con la ley, por lo que "no cabe ninguna revisión". Una respuesta que ha lamentado escuchar la senadora del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Senado. Foto: EFE

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no revisará las denegaciones de indemnización a víctimas del Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) y del Batallón Vasco Español (BVE) porque fueron confirmadas por los tribunales españoles y europeos.

De este modo ha respondido Sánchez en el Pleno del Senado a la parlamentaria del PNV Estefanía Beltrán de Heredia, quien le ha preguntado si el Gobierno español iba a revisar las denegaciones de reconocimiento e indemnización a víctimas del GAL, el Batallón Vasco Español y de grupos de extrema derecha que no han sido condenadas.

A juicio de la senadora, se ha producido una discriminación con algunas de las personas que solicitaron la indemnización acogiéndose a la ley. "No trata igual a las víctimas", ha aseverado Beltrán de Heredia antes de indicar que muchos de esos solicitantes, que no han sido condenados, tienen derecho a la reparación.

Beltrán de Heredia: "No trata igual a las víctimas"

Sin embargo, Sánchez ha querido dejar claro que el Gobierno español ha actuado de acuerdo con la ley, como han confirmado tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por lo que "no cabe ninguna revisión por parte del Gobierno de España".

Una respuesta que ha lamentado escuchar la senadora del PNV, quien ha insistido en que está en manos del Ejecutivo corregir estas situaciones que "son injustas".

Mientras, Sánchez ha recalcado que la Justicia confirmó las denegaciones del Ministerio del Interior e, incluso, condenó a los reclamantes a pagar las costas.

"La desestimación de las peticiones es ajustada a derecho. Es lo que cree el Gobierno de España. No cabe la revisión de actos administrativos que han adquirido firmeza en la Justicia", ha zanjado.