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Memoria histórica

Diez aspectos clave de la nueva ley de Memoria Democrática

Agencias | EITB Media

La búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley.

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El compromiso del Estado español en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley de Memoria Democrática. Estos son los diez principales aspectos de la ley.

1. El Estado español asume la búsqueda de personas desaparecidas

La ley establece de forma expresa que la búsqueda de las 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.

Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.

2. El régimen franquista se declarará ilegal

La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas. Esta nulidad dará derecho a obtener "una declaración de reconocimiento y reparación personal" a las víctimas del franquismo, que es otra de las novedades que recoge la ley.

3. Prevalencia del derecho internacional frente a la ley de amnistía

La nueva norma no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que asegura que fue un instrumento a favor de "la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada", pero subraya la necesidad de "garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación".

4. Estudio de vulneraciones de derechos humanos de 1978 a 1983

Entre las disposiciones de la ley figura la enmienda pactada entre el Gobierno español, EH Bildu y Más País para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".

5. Un fiscal de sala investigará violaciones de derechos humanos

La ley prevé la creación de un Fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

6. Definición de víctima

La ley considera víctima a aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

7. El Valle de los Caídos se llamará Valle de Cuelgamuros

La ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el actual Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado "con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".

8. Acceso garantizado a la información pública de los archivos

La ley garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

9. Actualización de los contenidos educativos

Con el fin de difundir el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y "la lucha por los valores y libertades democráticas", la ley establece la actualización de los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato para reflejar la "represión que se produjo durante la guerra y la dictadura".

10. Supresión de títulos nobiliarios durante la guerra y dictadura

Por último, la ley suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.

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