Propuesta polémica
El Gobierno español le conmina a Castilla y León a que se abstenga de aprobar medidas para evitar abortos
AGENCIAS | EITB MEDIA
El Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado que utilizará todos los mecanismos del ordenamiento jurídico para defender el derecho al aborto de las mujeres en los términos establecidos en la normativa vigente. Castilla y León defiende su autonomía para aplicar el protocolo a embarazadas.
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Euskaraz irakurri: Abortuak saihesteko araurik ez onartzeko eskatu dio Espainiako Gobernuak Gaztela eta Leoni
El Gobierno español ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
El Ejecutivo ha anunciado este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos.
Afirma el Gobierno de España que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.
Escuchar el latido en 4D
El Ejecutivo de Sánchez ha reaccionado de esta forma ante los cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos que implican que los ginecólogos deriven directamente a salud mental a las mujeres embarazadas que se planteen interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del feto entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios.
Unos cambios avanzados por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente fue corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista.
La junta defiende su autonomía
La Junta de Castilla y León ha asegurado que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
"Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", ha argumentado la Junta de Castilla y León después de conocerse que el Gobierno ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado este domingo de "intolerable" el requerimiento del Ejecutivo central, lo que a su juicio es un "ataque" al Gobierno autonómico basado "en mentiras" con la "intención de generar alarma social".