El Gobierno español y sus socios respaldan volver a impulsar una reforma de la ley de secretos oficiales

El PSOE y sus socios han respaldado hoy en el Congreso una iniciativa para volver a impulsar una reforma de la ley de secretos oficiales, tildada por Sumar, los grupos minoritarios e independentistas como un resquicio franquista, pero no ha habido acuerdo mutuo sobre los plazos para la desclasificación de documentos, uno de los puntos más polémicos.

Se trata de una proposición de ley que ha traído nuevamente a la Cámara Baja el PNV, rechazada por PP y Vox a la espera de la votación, con la que se insta a aprobar una nueva norma que sustituya a la de 1968 y que acorte los plazos de desclasificación a 25 años para los documentos de alto secreto y a diez para los reservados.

El Gobierno español aprobó en 2022 un anteproyecto de ley de secretos oficiales, que finalmente decayó por la convocatoria anticipada de elecciones y que fijaba la postura del PSOE sobre la desclasificación: los documentos de "alto secreto" se clasificarían durante 50 años con prórroga a 15 años más, los calificados como "secretos" a 40 años y una prórroga de 10 más, los "confidenciales" entre 7 y 10 años y los "restringidos" entre 4 y 6.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha denunciado la opacidad de los secretos oficiales y el desajuste de la ley respecto a la Constitución, derecho a la información y transparencia de las instituciones del Estado.

Ha expresado que tiene dudas de que el Gobierno español quiera realmente reformar los secretos oficiales y ha definido a Vox, que defiende la ley vigente, como un partido cómodo con normas franquistas.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha dicho que no ve posible la protección y seguridad del Estado si no se garantizan el acceso y derecho a la verdad y ha destacado que lo más importante sería fijar tiempos razonables para que los documentos, clasificados por funcionarios al servicio del régimen, vean la luz pública.

EH Bildu, ERC y Junts han lamentado que la reforma quedara bloqueada anteriormente en sede parlamentaria por culpa del PSOE, han denunciado el anacronismo que, a su entender, impregna las instituciones españolas y han reprochado al PSOE su falta de voluntad para reformas de calado.