El Supremo abre causa para investigar a Puigdemont por "terrorismo" por el 'caso Tsunami Democratic'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por "delitos de terrorismo" en relación con los hechos investigados en el caso 'Tsunami Democràtic'.

La Sala de lo Penal del Supremo ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

Los magistrados concluyen que respecto a estos dos aforados es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados".
   
El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados.

En un auto, notificado este jueves, también declara la falta de competencia de la Sala para instruir y, en su caso, juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inescindible de comportamiento que exige la propia Sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.

Según ha informado el alto tribunal, se ha designado instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.

Puigdemont habla de "Mátrix judicial"

Por su parte, Puigdemont ha criticado la existencia de un "Mátrix judicial".

"El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7000 euros, me imputan por terrorista. Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamà", ha ironizado en un apunte en la red social X.

Asimismo, ha afirmado: "el Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado al Supremo de "cruzar todos los límites imaginables". "Todo el apoyo a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg. Que el Supremo abra causa penal contra ellos por terrorismo vuelve a cruzar todos los límites imaginables. No podemos normalizar que la justicia española le haga el juego a la derecha y a la extrema derecha", ha recalcado en un apunte en la red social X.

Tot el suport a Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. Que el Suprem obri causa penal contra ells per terrorisme torna a creuar tots els límits imaginables. No podem normalitzar que la justícia espanyola li faci el joc a la dreta i l'extrema dreta.

Ens tindran sempre dempeus.

— Pere Aragonès i Garcia ¿ (@perearagones) February 29, 2024

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha señalado la apertura de la causa a Puigdemont como "una nueva maniobra de judicialización de la política". "No renuncian a perseguirlo sea como sea. Van a todas contra Carles Puigdemont. Nosotros tampoco renunciamos a nada y vamos a todas y lo saben", ha sostenido Borràs en una publicación también en la red social X.

En opinión del vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, lo que están haciendo es "confundir el ejercicio del derecho de manifestación con terrorismo", lo que "confirma que existe una falta de calidad democrática en la judicatura española", ya que "no se puede llamar terrorismo al libre ejercicio del derecho a manifestación".

Por el contrario, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que la decisión del Supremo demuestra que "el Estado de derecho en nuestro país no lo puede comprar Pedro Sánchez y es mucho más fuerte que el Gobierno". En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Gamarra ha asegurado que la decisión del Supremo evidencia que la ley de amnistía es "un absoluto ejercicio de corrupción política".

El partido de ultraderecha Vox también se ha congratulado por la decisión judicial porque considera que "frena" la amnistía concebida por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que tilda de "corrupto, ilegal e ilegítimo".