El fiscal general ordena a los fiscales del 'procés' aplicar la ley de amnistía y estos se niegan

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés que pidan al Alto Tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación. Sin embargo, los fiscales involucrados se han opuesto a acatar la orden por ser "improcedente" y "contraria a las leyes".

García Ortiz ha enviado a la cúpula fiscal un informe jurídico y ha convocado para el martes una Junta de Fiscales de Sala para fijar la posición de la Fiscalía respecto de la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el Supremo, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales del procés, partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos.

El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación —el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados —el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia—.

En el escrito formal enviado al fiscal general, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, han señalado que "la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas".

Los fiscales del procés insisten en lo avanzado en su informe previo, que "si finalmente mantiene la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley a la malversación", les releve de esta causa.

Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general.

El Supremo suspende temporalmente la citaciones de Puigdemont y Wagensberg

La magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo ha acordado "suspender temporalmente" la solicitud de asistencia judicial y la orden de investigación europea (OIE) remitidas a Suiza y con las que buscaba citar en la causa Tsunami Democràtic tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como al diputado de ERC Ruben Wagensberg.

Lo que la magistrada no ha suspendido en cambio es la notificación de las resoluciones dictadas en la causa a Puigdemont.