Huida de Puigdemont
Interior responde a Llarena que los Mossos no pidieron apoyo para detener a Puigdemont
Agencias | EITB Media
El Ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska responde de esta manera al requerimiento del juez instructor del "procés. Según ha precisado, activó "los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios" una vez se tuvo constancia de la huida.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la semana pasada en Barcelona. Foto: EFE
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El Ministerio del Interior español ha informado este martes al juez instructor del procés, Pablo Llarena, de que ofreció a los Mossos d'Esquadra "cualquier apoyo operativo" para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont, si bien la policía catalana no requirió "tales apoyos más allá de los habituales".
A través de una nota de prensa, el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska ha explicado que ya ha remitido el informe solicitado por el magistrado del Tribunal Supremo sobre el operativo policial planificado para la detención de Puigdemont y sobre los elementos que determinaron el "fracaso" de su captura.
Informa, asimismo, que en los dispositivos de control establecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia "no se detectó en momento alguno" al expresident.
En ese documento, Interior sostiene que la detención de Puigdemont "ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio".
En su informe, el Ministerio relata que "desde los días previos al 8 de agosto Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona". Además, añade que la Policía Nacional y la Guardia Civil "no realizaron operativos paralelos" a los Mossos d'Esquadra para detener al expresidente.
Por otro lado, el documento recuerda que el artículo 67 del Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores, que han de poder cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de personas, cualquiera que sea su nacionalidad. "Limitaciones que dificultan que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento", señala el texto remitido por Interior al juez Llarena.