Seis de los 21 acusados del primer 'Rodea el Congreso' pactan con el fiscal multas de 1.300 euros

Seis de los veintiún acusados en el juicio por los graves disturbios ocurridos en el primer 'Rodea el Congreso' han pactado con la Fiscalía de Madrid penas que se sustituirán por multas de hasta 1.320 euros tras reconocer los hechos sucedidos la noche del 25 de septiembre de 2012 y aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas.

El juicio ha arrancado esta mañana en los juzgados de lo Penal de Madrid con las cuestiones previas y la testifical de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo desplegado por la Delegación de Gobierno en Madrid.

Los procesados enfrentan penas de hasta ocho años de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones, entre otros.

Durante la protesta, unas 6.000 personas se concentraron en la plaza de Neptuno de forma pacífica contra la corrupción institucional. La manifestación acabó disuelta mediante cargas policiales. El saldo final fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías.

Antes de la vista, los abogados de cinco de los acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con las partes ante el reconocimiento de los delitos. Al aplicarse unas dilaciones indebidas muy cualificadas, las solicitudes de pena de cárcel quedan reducidas a una multa.

De este modo, seis de los acusados reconocen un delito de desórdenes públicos, por lo que aceptan una pena de once meses de prisión a sustituir por una multa. También se impone a otros dos procesados once meses por un delito de atentado agravado con uso de instrumento peligroso y para otros tres, dos meses y veinte días de prisión por atentado básico.
   
Ocho de los organizadores del evento fueron procesados por la Audiencia Nacional. Entre ellos figuraba Elena Martínez, actualmente portavoz de la Asamblea de Apoyo a los encausados y en aquella época portavoz de la Coordinadora 25S.

A su llegada a los juzgados, la activista ha señalado que el juicio es parte de "una escalada represiva" que comenzó hace 12 años" con Cristina Cifuentes como delegada de Gobierno en Madrid.

A través de sus abogados, los acusados que se desvinculan del acuerdo niegan los delitos y solicitan su libre absolución. Los letrados han aportado vídeos, fotogramas y fotografías que demostrarían la inocencia de sus clientes.