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Desprendimiento en Zaldibar

Un juez abre diligencias previas contra la empresa propietaria del vertedero 

Agencias | Redacción

Las diligencias se ha iniciado por presuntos delitos en materia ambiental y laboral, según ha desvelado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

Entrada del vertedero de Zaldibar. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Epaile batek eginbideak abiatu ditu zabortegiaren jabe den enpresaren aurka

Un juez instructor ha abierto esta mañana "diligencias previas" contra la empresa Verter Recycling 2002 SL, propietaria del vertedero derrumbado en Zaldibar (Bizkaia), en el que dos trabajadores permanecen sepultados desde el jueves, por un presunto delito ambiental y laboral.

Así lo ha desvelado el consejero portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, durante la rueda posterior al Consejo de Gobierno en la que no ha ofrecido más datos sobre esta apertura de diligencias.

Sí ha apuntado, no obstante, que "lo más probable" es que el Gobierno Vasco se persone en la causa porque tiene "muchas alegaciones" que aportar y porque va a exigir responsabilidades a la propietaria del vertedero.

Erkoreka ha lamentado también que la gestión que está haciendo esta empresa sobre el derrumbe, en relación con la administración pública vasca, es "manifiestamente mejorable" en los ámbitos medioambiental y laboral.

El portavoz se ha referido al requerimiento que ha enviado hoy el Departamento de Medio Ambiente a Verter Recycling 2000 SL para que remita en un plazo de 7 días el avance de un plan de actuación para afrontar este sucesos.

Ha explicado que este plan debe identificar "el daño hecho" y concretar el alcance del mismo y también el requerimiento exige a la empresa que remita a la administración un plan de vigilancia ambiental "con la máxima celeridad".

"Si la empresa no opera de buen grado en el cumplimiento de estas exigencias legales se le instaría a una ejecución forzosa con los mecanismos y multas coercitivas correspondientes que están previstas en la ley", ha advertido Erkoreka.

En ultima instancia, si la empresa no acometiera ese requerimiento, ha asegurado el portavoz, la administración vasca procedería a la "ejecución subsidaria", es decir, ejecutaría esas labores repercutiendo luego a la empresa el coste correspondiente.

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