Behatokia exige "recursos efectivos" y "protección legal" para el euskera

El derecho a vivir en euskara se ve limitado y obstaculizado en numerosas situaciones cotidianas. Esto ocurre en todos los territorios, si bien las diferencias son notables de un sitio a otro. Asimismo, las vulneraciones se dan en todo el sistema, desde la administración pública hasta el sector privado. Ante ese escenario, el euskera necesita recursos efectivos y una mayor protección legal, junto al compromiso colectivo de la sociedad.

Es la fotografía que ha plasmado el Observatorio de Derechos Lingüísticos Behatokia en la presentación del informe "Situación de los Derechos Lingüísticos 2022", que ha tenido lugar esta mañana en Bilbao. El documento refleja las vulneraciones que se dieron el pasado ejercicio en diferentes sectores y analiza la situación en esta materia. Agurne Gaubeka y Garbiñe Petriati, directora y técnica de Behatokia, respectivamente, han sido las encargadas de desgranar el documento. Antes, como ejemplo de las limitaciones y los obstáculos que sufre el euskera, al inicio de la comparecencia se ha presentado un vídeo con testimonios de personas que han denunciado sus casos.

En 2022 se recibieron un total de 1071 incidencias a través de llamadas y servicios telemáticos que ofrece Behatokia; 976 fueron quejas, 54 felicitaciones, y 41 consultas o sugerencias. Pese a un ligero descenso en comparación con el número de quejas recibidas el año anterior, Petriati ha hecho hincapié "en la brecha" entre los datos y la realidad: "Hay que tener en cuenta que esta cifra no es más que una muestra de la realidad. Somos conscientes de que muchos ciudadanos han tenido reparos en solicitar sus servicios en euskara por miedo a retrasos u otros perjuicios colaterales, sin identificarlos como una vulneración de derechos", ha afirmado.

En esa misma línea, Gaubeka ha recordado que "si se limitan, obstaculizan o prohíben los avances hacia la normalización del euskara, los derechos lingüísticos nunca tendrán un reconocimiento adecuado". Así, ha reivindicado que "garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y dar pasos hacia la normalización del euskara es responsabilidad social de todas las empresas, entidades e instituciones".

Como otros años, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco han sido las instituciones que más quejas han recibido, aunque el número de quejas recibidas por los ayuntamientos vizcaínos en 2022 también ha llamado la atención.

Por último, "en el marco de la ofensiva judicial contra la normalización del euskara", Behatokia analizará el impacto de las sentencias que en los últimos meses han agravado los derechos lingüísticos de la ciudadanía.