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"Graffiti en Rojo"

El top manta penalizado

I.A.

eitb.com

Hablamos con Oumar Kane y Patxi de la Fuente, portavoces de la plataforma Mbolo Moye Doole a favor de un joven mantero senegalés sobre el que pesa orden de expulsión.

Todo empezó hace 4 años con una detención en el barrio getxotarra de Las Arenas. El atestado de la policía municipal denunciaba se encontraba ofreciendo copias ilegales de CDs y DVDs. En total, tenían en su poder 63 CDs de música y 10 CDs de juegos de la Play Station 2.

Dos años después en octubre de 2008 un juzgado de lo penal de Bilbao le absuelve. El fiscal recurre y la Audiencia de Bizkaia lo condena como autor responsable de un delito contra la propiedad intelectual a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por expulsión del territorio nacional por plazo de 10 años y multa de 12 meses con cuota día de 6 euros. Así mismo debe indemnizar a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) con 472€.

A partir de ese momento, su abogada solicita el indulto consiguiendo que la pena se suspenda durante la tramitación. En junio del pasado año, se exige la indemnización que debe satisfacer a AGEDI. La plataforma Mbolo Moye Doole solicita que por motivos de humanidad se renuncie a la indemnización. Es en estos meses, cuando la Junta de Magistrados de la Audiencia de Bizkaia consideró que el derecho penal sólo se debe utilizar para los casos más graves.

Pero debemos recordar que hablamos de doctrina, que no de una norma. En este sentido, el proyecto de reforma del Código Penal presentado por el Gobierno mantendría a esta persona y a las otras 96 que se encuentran cumpliendo condena en la cárcel. Así mismo condenaría a la clandestinidad a las más de 550 que ya han pasado por prisión y a las que se denuncie en el futuro. Dejaría sin efecto el acuerdo de la Junta de Magistrados de la Audiencia de Bizkaia.

Y en medio de este debate llegamos al 3 del pasado mes de febrero cuando se le comunica que se le ha denegado el indulto citándole para el 24 de febrero de 2010 con objeto de que ingrese en prisión.

Han pasado más de 4 años desde su detención y de no haber sido por este hecho habría podido obtener un permiso de residencia y trabajo ya que como reconoce la sentencia carecía de antecedentes penales.

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