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Justicia

Subijana advierte que el Tribunal Supremo podría interpretar de manera diferente la Ley del "Solo sí es sí"

EITB MEDIA

Entrevistado en "Boulevard" de Radio Euskadi, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Iñaki Subijana asegura que la instrucción de la Fiscalía General del Estado no es vinculante para el Tribunal Supremo, por lo que este tiene la soberanía para hacer otra interpretación.

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Euskaraz irakurri: Subijanak ohartarazi du Auzitegi Gorenak modu ezberdinean interpreta lezakeela "Bai bakarrik da bai" legea

La Fiscalía General del Estado rechaza rebajar las penas de las sentencias ya firmes siempre y cuando estas entren dentro de la horquilla de condenas que establece la nueva Ley del "Solo sí es sí". De esa manera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Iñaki Subijana cree que la Fiscalía está haciendo suyas las disposiciones transitorias que han guiado, tanto el código penal del 95, como todas las reformas importantes del mismo que se han producido en el 2003, 2010 y 2015.  Sin embargo, advierte que la instrucción de la Fiscalía "no es vinculante" para el Tribunal Supremo, por lo que este tendría la soberanía para hacer una interpretación diferente.

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Subijana ha admitido que hecha en falta una disposición en esta nueva ley, "precisamente para crear un campo de seguridad jurídica en la materia". Y es que, según cuenta, todas las reformas penales importantes han venido acompañadas de disposiciones transitorias, que, en este caso, ello habría "facilitado" aunar los criterios: "La ley podría haber sido mucho más precisa en este campo, y haber creado un marco jurídico mucho más definido para tomar decisiones".

En ese sentido, Subijana informa que las audiencias provinciales del País Vasco tienen 10 casos para revisar, y asegura que los juzgados tendrán algunos más. Asegura que todavía no se ha fallado sobre ninguno, aunque, según ha explicado, los magistrados ya se están reuniendo para unificar criterios para dar "seguridad jurídica", sin esperar a la decisión del Tribunal Supremo.

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