Reportaje
Marta y Ariane: "Escuchar que una mujer te llame feminazi es muy fuerte"
Isusko A.B. | EITB Media
Hoy "Boulevard" de Radio Euskadi ha estado en la Ikastola Lauaxeta para hablar de cómo está y cómo ven la igualdad las y los jóvenes.
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Marta y Ariane tienen 18 años y son estudiantes de segundo de bachillerato de la Ikastola Lauaxeta de Amorebieta. Son integrantes del grupo feminista de su clase y participan y organizan diversas actividades de concienciación sobre igualdad en el instituto.
Sobre la nota que hoy pondrían a la paridad decían que "entre un 5 o un 6" y que les sigue sorpendiendo las cosas que tienen que oir, "sí nos encontramos opiniones contrarias al feminismo… y sorprende las opiniones tan distintas que tiene la gente".
Unas de las cosas que menos les gusta es que una mujer llegue a decir cosas como esta: "Escuchar que una mujer te llame feminazi es muy fuerte. Son comentarios que escuchamos a diario".
Marta y Ariane
La Ley Vasca de Igualdad ya incluye algunos de los avances perfilados por el presidente Sánchez.
En el texto aprobado hace un año en el Parlamento Vasco ya consta el principio de representación equilibrada, aplicada a cargos públicos y consejos de administración de sociedades públicas u otros órganos públicos. En ellas se exige que al menos el 40% sean mujeres -la cifra, 40%, que también Sánchez va a fijar por ley-. Este equilibrio, en varios ámbitos, tiene su principal proyección en la primera línea del Gobierno Vasco: 5 consejeras y 6 consejeros.
Esta la ley vasca, que se verá ahora complementada con la Ley de Representación Paritaria: ley que contempla listas cremallera en la ley electoral, paridad en el Consejo de Ministros -lo que ya se cumple de sobra, por cierto: 14 ministras frente a 8 ministros- y, tal vez lo más delicado, obligar a los Consejos de Administración de las grandes empresas a designar, al menos, a un 40% de mujeres.
En Euskadi, la ley se aproxima a esta desigualdad en otros términos ya qu se impone la implantación generalizada de planes de igualdad a riesgo de perder subvenciones públicas. La penalización se extiende a entidades que permitan desigualdad, discriminación salarial, tanto en el sector público como en el privado.