PARLAMENTO EN LAS ONDAS
PNV y PSE defienden la Ley de Administración Ambiental como herramienta eficaz para la transición ecológica
ANE GOÑI | EITB MEDIA
La oposición denuncia la invasión competencial que supone la enmienda que permite al Gobierno Vasco aprobar los denominados "proyectos de interés público superior", incluso con el rechazo de los ayuntamientos.
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Todos los partidos de la oposición se han mostrado en contra de la enmienda número 61 de la Ley de Administración Ambiental. Desde EH Bildu, Mikel Otero ha denunciado que con esta modificación "se legisla en contra de los ayuntamientos" y que " se rompe con el equilibrio de poder entre administraciones". Por todo ello, ha tildado la "Ley Tapia" como una "ley dañina".
En la misma línea David Soto, de Elkarrekin Podemos IU, aunque éste ha querido ir más allá y denunciar algunos aspectos de la ley. Soto ha subrayado que empresas que emiten materiales como benceno o estireno "sólo tendrán que pasar una medición al año" para cumplir con la ley. Soto se ha mostrado muy critico también con el hecho de que los movimientos populares creados en contra de alguna infraestructura, como incineradoras, vertederos o plantas de tratamientos, "no puedan emprender acciones judiciales" si tienen menos de dos años de vida.
Laura Garrido, de la coalición PP-Cs, por su parte, ha tildado de "chapuza y triquiñuela" la enmienda pactada entre PNV y PSE y ha denunciado que "no se ha dado opción a los municipios" para que hagan los informes correspondientes. Por ello, Garrido habla de la enmienda como "una puerta de atrás" para llevar a cabo una "intromisión municipal".
Desde los partidos que sustentan al gobierno, PNV y PSE, niegan estas acusaciones. Para la jeltzale María Eugenia Arrizabalaga las críticas de la oposición responden a un "debate partidista, no municipalista". Habla incluso de "guerra política" al valorar la polémica generada por la enmienda sobre los proyectos de interés público superior. Más allá de esta modificación, Arrizabalaga, ha querido destacar "la importancia de esta ley". Cree que será "una herramienta para la transición ecológica", en la que están implicadas administraciones, empresas privadas y la ciudadanía, haciendo, ha dicho, un ejercicio de "corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente". Desde las filas socialistas, Alberto Alonso, ha puesto el acento en la importancia de esta nueva ley "compleja" que permitirá dar "un impulso decidido para cambiar el modelo de consumo". Alonso ha recordado que todas las formaciones han realizado aportaciones a esta Ley de Administración Ambiental y lamenta que acabe en "el debate público por una enmienda".