Fin a la incapacitación jurídica

Desde el pasado 3 de septiembre, la incapacitación judicial ha dejado de ser una posibilidad en el Estado español con la entrada en vigor de la reforma de la legislación civil y procesal que apuesta por el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.  

La reforma, impulsada desde la sociedad civil por el CERMI, deroga la incapacitación judicial -modelo de sustitución que comporta restricción de derechos-  y establece uno nuevo orientado a los apoyos a las personas con discapacidad que puedan necesitarlos para la mejor toma de sus decisiones, tanto personales como patrimoniales. La norma aprobada evita, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento.

En Distrito Euskadi solventamos dudas con la abogada Susana Sucunza y Elena Vélez de Mendizabal, miembro de la Fundación Tutelar Beroa.