"En la balanza no podemos poner los intereses económicos del sector naviero contra la pérdida de vidas"

A solo unos días de recibir los certificados que hubieran permitido al Aita Mari iniciar una nueva misión de rescate en el Mediterráneo Central, la nueva política antiinmigración de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni ha llegado cual tsunami para desbarajustar los planes del buque vasco y poner en jaque la labor humanitaria que realizan organizaciones como Salvamento Marítimo Humanitario.

Riesgo de detención del Aita Mari

Atendiendo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, los países que abanderan los barcos se dividen el tres categorías: negra, gris o blanca. Acorde a unos ratios se establece, asimismo, el número máximo de detenciones de naves a lo largo de un trienio. Iñigo Mijangos, presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) explica que, en el caso del Estado español, "al tener una flota relativamente pequeña" se recoge que "en los tres últimos años tiene que haber cómo máximo cinco detenciones de buques". Una hipotética detención del Aita Mari supondría alcanzar el límite fijado, la consiguiente pérdida de categoría y consecuencias directas para el sector naviero. "Todos los barcos de pabellón español tendrían incrementos en sus primas de seguros", advierte Mijangos, además, de que "cierto tipo de contratos no se hacen en barcos que estén en registros de categoría gris -caso de gaseros o petroleros-".

En este contexto, Mijangos califica de "razonable" el aplazamiento temporal de la novena misión de rescate, pero sin perder la perspectiva: "Tenemos que pensar que en la balanza no podemos poner los intereses económicos del sector naviero contra la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo Central y el atropello de derechos humanos".

Desde hace varias semanas, son cuatro los barcos que acumulan decenas de llamadas de auxilio ante la necesidad de desembarcar en un puerto seguro, pero a fecha de lunes, 7 de noviembre, solo el Humanity 1, ha podido acceder al puerto de Catania. Lo ha hecho, además, para desembarcar exclusivamente a los migrantes considerados más vulnerables: mujeres -muchas de ellas embarazadas-, niños/as y personas enfermas. El resto -35 personas en total- van a ser devueltas a aguas internacionales, atendiendo a la nueva política de desembarcos selectivos.