Crece la tensión por el conflicto de los "Los Pichis" en Abetxuko

El conflicto de convivencia vecinal que se vive en Abetxuko desde el mes de Agosto, tras la ocupación de una vivienda en el número 54 de la calle El Cristo por una familia de etnia gitana, supuestamente perteneciente al colectivo de los Pichis,  se encuentra a la espera de una resolución judicial.

La falta de acuerdos y de  medidas solventes para resolver el conflicto parece haber conducido a que todos  busquen el paraguas del Juzgado Nº1 de la Avenida de Gasteiz.

Los vecinos, agrupados en torno a la Asociación Uribe Nogales,  exigen su desalojo; los ocupantes, respaldado por Sos Racismo  Araba, afirman que no se irán hasta que no se les facilite una vivienda social y el Teniente de Alcalde les remite al servicio de Alokabide del Gobierno Vasco, mientras les deniega un empadronamiento que, con la ley en la mano,  no se puede impedir.

Las manifestaciones, las denuncias y el cruce de declaraciones con acusaciones recíprocas de amenazas han ido tensando el ambiente en medio de una estrecha vigilancia policial.

El fiscal General del País Vasco, Juan Garpalsoro, advierte de que los insultos y coacciones, en el caso de que los hubiera, son un delito que está en el Código Penal. Los vecinos reclaman que se preserve la tranquilidad del barrio, pero no es admisible, subraya el máximo responsable de la  fiscalía vasca,  realizar manifestaciones contra una familia en concreto, para que se ausente de un sitio.

En este contexto, el Ararteko, Manu Lezertua, que ha estado esta semana en R. Vitoria, nos ha dejado tres consideraciones extraídas con motivo del conflicto que se vive en el barrio Ollerías de Bilbao y que, si no es idéntico en toda su dimensión, sí guarda alguna similitud, al menos, por su relación de origen con el de Abetxuko.

De hecho algunos  de sus vecinos se  trasladaron el pasado jueves al barrio bilbaíno para participar en una manifestación.

La primera observación que realiza la oficina del Defensor del Pueblo es le falta de coordinación  entre las instituciones y organismos implicados para plantear soluciones. La segunda: la ausencia en algunos casos de un cierto liderazgo y, en tercer lugar, subraya la necesidad de planes específicos para este tipo de colectivos,  a los que no se les puede aplicar las  fórmulas habituales. Sería interesante – añade-  explorar las vías de los programas de asistencia comunitaria en la que participen los propios vecinos.

La función del Ararteko  es abordar el problema de forma ecuánime, prestando una atención especial- recuerda Manu Lezertua- a los derechos de los niños, porque entre los ocupantes hay menores.

Los derechos básicos deben estar siempre garantizados. Toda persona, incluso aquella que haya podido cometer los actos más repulsivos, tiene determinados derechos por el hecho de ser persona. Los derechos humanos  protegen al individuo,  incluso ante una mayoría que le sea hostil. Y Hay cosas que no se pueden hacer, dice el Ararteko.

La falta de soluciones o la incapacidad para construirlas ha dejado el problema en manos del Juzgado; pero los tiempos de la  administración de justicia no coinciden con los de las urgencias sociales. Los procesos jurídicos y las inquietudes ciudadanas tienen  ritmos distintos. Mientras tanto el problema permanece con toda su complejidad abierta y con una tensión creciente  que  el Ararteko apunta: es necesario rebajar.