La columna de José Félix Azurmendi (18/02/2017)

Tx. Parece inevitable hoy, también aquí, hablar de la sentencia del caso Noos

JFA. Los temas de la semana han quedado opacados, también en Euskadi, por el espectáculo que tenía ayer a Palma de escenario y a una persona nacida en Zumárraga de protagonista. En cuanto se conoció la sentencia del caso Noos, que este es el nombre de la obra, las redes de comunicación informal se llenaron de memes, comics, viñetas e ironías sobre la condena del plebeyo y la absolución de la infanta, recordando la condición vasca de Iñaki Urdangarin Berriotxoa, el plebeyo. Lejos quedaban los tiempos en que se le encontraron, al apuesto joven elegido por la segunda hija del rey como consorte, vínculos familiares con el santo de Elorrio y se subrayaba la feliz circunstancia de que su padre fuera militante histórico del PNV, el mismo partido que había hecho lehendakari a José Antonio Ardanza, familiar también este, por lo visto, de Valentín de Berriotxoa. A la pareja no le debió desagradar el antecedente y Valentín, además de Juan, por el abuelo rey se supone, pusieron de nombre a su primogénito.

Una cámara apostada frente a la residencia de la familia Urdangarin Liebaert en Vitoria a la hora en que se debía conocer la sentencia se tenía que conformar con informar que la madre Claire estaba en el interior de su domicilio y que solo un hermano de Iñaki había salido temprano sin hacer comentarios, lo que desvelaba que el acecho se había iniciado tempranamente. Decir que la información se maneja como espectáculo y carnaza constituye hace tiempo un lugar común sin que a nadie parezca escandalizarle demasiado. En derredor de este entre drama y sainete zarzuelero habrá ocasión de ver y oír de todo, pero nada tanto como eso de que la Justicia es igual para todos. Esperen a conocer, si se conoce, la minuta del despacho de Miquel Roca Junyent, ese que reconoce estar ahora en levitación, para sonreír.

Tx. No es el único caso judicial que ha estado presente en la semana

JFA. Ayer quedó listo para sentencia otro singular juicio, que se conoce como Caso Cabieces pero que bien podría ser caso Kutxabank, en el que se sientan como acusados, así sea con toga y en un banco alargado y lateral, el admirado vicelehendakari del Gobierno Garaikoetxea y exitoso hombre del Derecho y los Negocios Mario Fernández, el ex delegado socialista del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma Vasca Mikel Cabieces y el reputado abogado Rafael Alcorta. Ha sido El Correo el que más espacio ha dedicado al juicio, ha sido este diario el que mejor ha expuesto las razones de la defensa de Mario Fernández, nada más y nada menos que sostenida por Carlos Bueren, aquel magistrado de la Audiencia Nacional que dimitió para no tener que enfrentarse al caso Lasa-Zabala, para no colaborar a amargar la existencia y empañar el honor de Rodríguez Galindo y sus hombres más aguerridos.

Según que versión se lea, ha quedado demostrado que todo era extraño e inhabitual en la contratación por Kutxabank del ex delegado a través de terceros, o ha quedado en evidencia que el nuevo presidente le tenía ganas a su antecesor y no se tomó la molestia de verificar si el informe de la auditoría interna se sostenía, antes de ponerlo en conocimiento de la Justicia. No sé cuántos cigarrillos extra deberá fumar Mario para sobrellevar los sinsabores de un acto que jamás pensó que le pudiera traer incomodidad ni problema alguno, que lo dispuso con la discrecionalidad que su cargo y carácter, los usos y el arrope ambiental se lo recomendaron. A la espera de la sentencia, también aquí se concluirá que la Justicia no hace distingos, aunque las minutas lo desmientan.

Tx. ¿A qué puede obedecer la campaña de estos días contra la Ertzaintza por parte de Sortu?

JFA. No son fáciles de adivinar las razones que han aconsejado a Sortu a salir a la calle con la pancarta contra las torturas frente a las comisarías de la Ertzaintza. Las explicaciones de orden interno que algunos creen ver en ello tampoco son fáciles de aceptar como suficientes. Lo cierto es que Sortu ha sacado unas docenas de militantes a la calle, algunos veteranos muy reconocibles entre ellos, para exigir no tanto que se no torture, sino que se investiguen las que fueron denunciadas y recogidas en un informe que el propio Ejecutivo vasco promovió.

Todas las Policías deben ser controladas, a todas se les deben pedir cuentas, pero equiparar en la denuncia de torturas a la Policía Autónoma Vasca con las otras Policías y sus historias parece, además de injusto, políticamente torpe. Nada tiene de extraño que Eusko Alkartasuna, socio de Sortu en Euskal Herria Bildu, haya hecho público su desacuerdo, lo que ha servido de paso para visibilizar que se trata en efecto de una coalición en la que pueden convivir planteamientos diferentes sobre las cuestiones no consensuadas. Tampoco hubiera estado mal que Aralar, otro socio, se manifestara, con esta ocasión o con otras, a menos que dé por supuesto, como algunos defienden, que su papel político no tiene ya sentido y está destinada a la desaparición.

Tengo la impresión de que Sortu, que estaría encantada de que el Gobierno de Nafarroa siguiera el ejemplo del Vasco en esta materia, no tardará en retirar la pancarta y la campaña.