La Policia Municipal provoca el estado de alerta en Gasteiz

La huelga de celo, real pero no declarada porque sería una ilegalidad manifiesta, afecta tanto al tráfico rodado como al tránsito de peatones. El furor sancionador de los agentes locales ha alcanzado su máxima expresión en la extrema vigilancia de los aparcamientos.

Si pretendían llamar la atención sobre sus reivindicaciones laborales, ciertamente lo han conseguido, poniendo, eso sí,  a la opinión pública en estado de alerta. La policía municipal ha logrado que los viandantes, antes de cruzar,  oteen de reojo el panorama   a su alrededor, por si advierten la cercanía de una mirada vigilante bajo la gorra azulada de un agente, blandiendo el talonario de las denuncias en actitud amenazante.

La escasez de recursos humanos para las patrullas, refuerzos o atestados no  les ha impedido realizar un espectacular despliegue de inédita eficacia para firmar denuncias. Con una plantilla diezmada- dicen- por las jubilaciones,  bajas,  reducciones de jornada y excedencias han multiplicado por 11 la media de multas en un tiempo record. Si la incorporación de varias decenas de nuevos agentes, tal y como reivindican, se produce con el mismo celo sancionador podría situar el listón en niveles inimaginables.

Frente a quienes observan un manifiesto abuso o desvío de autoridad en el comportamiento inquisitorial de algunos agentes, hay quienes por el contrario- no sin cierta ironía- consideran que lo idóneo sería dejar que se prolongara en el tiempo la encubierta huelga de celo para reeducar al indisciplinado ciudadano vitoriano, en su doble vertiente de peatón y conductor,  mientras las arcas municipales agradecen los ingresos extraordinarios.

Nadie ha cuestionado el derecho de los policías municipales a defender sus reivindicaciones. Es cierto que, además, tienen reducido por ley el margen que otros empleados públicos tienen para salvaguardar sus reclamaciones, pero otras cosa es elegir entre las medidas posibles aquellas que más penalizan a los ciudadanos, convirtiéndolos en rehenes de un conflicto laboral en el que no tienen ninguna responsabilidad ni posibilidad de interceder.

Las posturas están alejas, las negociaciones no están, pero el conflicto ya ha planteado dos grandes interrogantes:

Primera: cómo es posible que en una ciudad, con uno de los más altos ratios de policía por habitante de Europa, resulte que no hay agentes suficientes para funciones básicas en la prestación de servicios de a los ciudadanos. Es necesaria una reflexión sobre las distintas policías que tenemos y el para qué de cada una de ellas con sus funciones definidas, sin que entren en competencia una con otra, ni en duplicidades  o rivalidades absurdas.

Segunda: la huelga de celo  revela en este caso una paradoja evidente; o se está cometiendo  un abuso de autoridad en la firma de denuncias a discreción o, en caso contrario, si todo se ajusta a ley, se ha actuado con negligencia cuando no se ha aplicado de la misma manera la normativa de tráfico hasta ahora. Es difícil entender que se está actuando con la misma profesionalidad, defendiendo y protegiendo los derechos de los ciudadanos, haciendo una cosa y su contraria a la vez.