TRIBUNALES
El Gobierno Vasco cree que hubo malversación en el caso De Miguel
La defensa del Gobierno Vasco considera que el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, incurrió en un delito de malversación por adjudicación irregular de contratos públicos.
Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno Vasco solicita a este antiguo cargo público, al igual que a otras 5 personas procesadas en el caso De Miguel, la devolución de 146.230 euros por el quebranto causado a la Administración autonómica. El abogado del Gobierno Vasco, Javier Otaola, manifiesta que existió una deslealtad de un funcionario público como única persona capaz de introducir a las empresas en el circuíto de contratación de la supuesta trama. Otaola afirma que Sánchez Robles se valió de su capacidad para proponer y controlar adjudicaciones y cometió un delito de malversación, lo que supone un quebranto a la Hacienda Pública de más de 146.000 euros.
De ahí que el Gobierno reclame el pago, hasta el último euro, de la cantidad quebrantada al propio Sánchez Robles, a De Miguel, Tellería y Ochandiano y a otros dos imputados: Josu Montes e Iñaki San Juan. El abogado de Lakua excluye, en cambio, a Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y dice que es una víctima más del abuso de confianza que utilizó el señor Sánchez Robles. A Larrañaga, en su opinión, se le podrá reprochar únicamente desidia, negligencia o falta de cuidado. La Diputación de Bizkaia, por su parte, ha rebajado a un año y tres meses la pena de cárcel para la familia Arruti, para el padre y el hijo.